Corte endurece medidas y deja sin sueldo a la jueza Bracho
La Corte Suprema suspendió sin goce de sueldo a la jueza de Garantías de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho Pedrozo. La medida responde al pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La magistrada está imputada por presuntamente recibir USD 50.000 para favorecer al procesado por narcotráfico Walter Galindo.
El pleno de la Corte revisa y agrava la medida
El pedido del JEM se trató en sesión plenaria. Los ministros Gustavo Santander, César Garay, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón apoyaron la suspensión sin salario. Luis María Benítez Riera y el presidente César Diesel votaron en contra.
La decisión cambia el criterio del 19 de noviembre. Ese día, la Corte había suspendido a Bracho con goce de sueldo por un empate en la votación, definido por el doble voto del presidente. El nuevo requerimiento del JEM llevó al pleno a aplicar una medida más severa.
La imputación fiscal y los hechos atribuidos
El fiscal Néstor Coronel imputó a Bracho por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución penal y hechos punibles cometidos por funcionarios. Según la imputación, la jueza habría recibido USD 50.000 para revocar la prisión preventiva de Galindo y darle arresto domiciliario.
El Ministerio Público señala además maniobras paralelas. Entre ellas, el presunto cambio de droga por bicarbonato de sodio, lo que habría permitido desvincular a Galindo en una causa tramitada por la magistrada. En el proceso también están procesadas la actuaria Ruth Karina Ferreira Brítez y la ex fiscala Egidia Gomes.
Conexiones con el caso Mercat
Los hechos imputados coinciden con episodios detectados en el caso Mercat. En ese proceso, Galindo terminó condenado en otro expediente. El ministro Eugenio Jiménez Rolón usó estos antecedentes para solicitar la primera suspensión de Bracho.
Ferreira ya estaba suspendida sin salario desde el inicio. Gomes enfrenta acusaciones vinculadas al mismo esquema.
Trámite del caso y audiencia próxima
El proceso se desarrolla en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N.º 1, a cargo del juez Humberto Otazú. Bracho debe presentarse este viernes 5 a la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Según el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido entre mayo y diciembre de 2021. Las interceptaciones telefónicas incorporadas al caso indican que la magistrada habría adelantado decisiones favorables a la defensa de Galindo.
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