El juez civil Gómez Arce reconoció la firma del documento y ordenó intimar al pago al exdiputado bajo apercibimiento de embargo
El juez en lo Civil y Comercial de Lambaré, Javier Rodolfo Gómez Arce, dio trámite a un juicio ejecutivo por G. 120.850.000 promovido por el ciudadano Pedro Germán Vera Silva contra el exdiputado Orlando Arévalo, y decretó un embargo ejecutivo inicialmente hasta cubrir la suma de G. 12 millones. Según informó La Nación, el juzgado «dio por reconocida la firma del documento en el que se le reclama el monto millonario» al exlegislador.
De acuerdo con esa cobertura, el magistrado dispuso intimar al pago a la parte deudora y le hizo saber a Arévalo que deberá abonar el «capital reclamado más los intereses y costas» en el acto del requerimiento o, en su defecto, al tercer día. La causa abre un nuevo frente civil sobre el exparlamentario, en paralelo a los procesos penales que ya afronta.
Qué resolvió el juez
Conforme a La Nación, en su resolución el juez Gómez Arce: (1) dio por iniciado el juicio ejecutivo a instancia de Vera Silva; (2) reconoció la firma del documento que respalda la deuda reclamada; (3) ordenó la intimación al pago al deudor; y (4) decretó el embargo ejecutivo de bienes de Arévalo, inicialmente hasta cubrir la suma de G. 12 millones, sin perjuicio de las ampliaciones que correspondan en el trámite.
El monto del embargo inicial es inferior al capital total reclamado en la demanda. Conforme al procedimiento ejecutivo previsto en el Código Procesal Civil paraguayo, el alcance del embargo puede ampliarse posteriormente para cubrir el resto del capital, intereses y costas si no se verifica el pago.
El frente penal en paralelo
La demanda civil se suma a la situación procesal penal de Arévalo. Según informó ABC Color a fines de mayo, el Tribunal de Apelación Especializado —integrado por los camaristas Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Arnulfo Arias— rechazó el último recurso de la defensa, dejando firme el avance del proceso por cohecho pasivo agravado.
De acuerdo con esa cobertura, la causa penal está sostenida por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, y radicada ante el juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú (Delitos Económicos, primer turno). La hipótesis fiscal —siempre conforme a ABC Color— sostiene que en septiembre de 2023, Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), habría solicitado tres cheques bancarios por G. 202.000.000 al fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes como garantía de un préstamo, en el marco de una supuesta gestión a favor de una persona sometida a la revisión del JEM. EPI consigna estos extremos como contenido de la acusación fiscal recogida por la prensa; la causa penal continúa su curso.
El contexto previo en la Contraloría
Conforme a El Nacional y las coberturas previas, la Contraloría General de la República había detectado, en informes anteriores, presuntas omisiones en las declaraciones juradas del exdiputado y su entorno familiar, y derivó las actuaciones al Ministerio Público. Esos antecedentes —que son distintos a la actual demanda civil— forman parte del cuadro general de procesos administrativos y penales que rodean a Arévalo.
Quién es Orlando Arévalo
Orlando Arévalo fue diputado nacional por el Partido Colorado (ANR) e integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Renunció a su banca en el marco de la repercusión política y mediática que generó la aparición de su nombre en mensajes del fallecido diputado Lalo Gomes, vinculados a la causa penal hoy en curso. Tras su salida del Congreso, su nombre siguió apareciendo en distintos expedientes judiciales y de control patrimonial.
Una precisión necesaria
Conviene remarcar que el juicio ejecutivo y el embargo decretados por el Juzgado Civil y Comercial de Lambaré son actos procesales propios del fuero civil y se rigen por las reglas de ese fuero: el embargo asegura una eventual ejecución del crédito reclamado, pero la deuda misma aún puede ser discutida por el demandado en las etapas posteriores del proceso. Por su parte, la imputación penal por cohecho pasivo agravado es también un acto procesal y no constituye una condena. Rige el principio de presunción de inocencia respecto del exdiputado Arévalo en la causa penal hasta tanto recaiga sentencia firme. EPI amplifica la información publicada por los medios citados y seguirá la evolución del caso.
🔗 Fuentes: La Nación — Justicia dio trámite a demanda civil y embargó bienes de exdiputado por deuda millonaria · ABC Color — #LaMafiaManda: Nuevo revés para Orlando Arévalo en proceso por supuesta coima · El Nacional — CGR detecta omisiones millonarias del Clan Arévalo y denuncia ante Fiscalía
⚖️💬 ¿Vos qué pensás? ¿La acumulación de frentes judiciales —penal, civil y de control patrimonial— sobre un exdiputado es señal de que la Justicia paraguaya está agilizando causas contra figuras políticas, o el rezago en llegar a sentencias firmes muestra que falta camino?
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