Tribunal de Apelación de San Pedro ratificó decisión del juez Vicente Coronel
La Cámara de Apelación Penal de San Pedro, integrada por los jueces María Noelia Viana Coronel, Fernando Benítez y Elber Noguera, confirmó la resolución del juez Vicente Coronel. El fallo autoriza la extracción de datos del celular del funcionario de la Cámara de Diputados Willian Bogarín Campuzano, imputado por una megaestafa a colonos.
Con esta decisión, el Ministerio Público queda habilitado a analizar el teléfono incautado. El objetivo es rastrear pruebas de la presunta red de estafa millonaria que operaba en el departamento de San Pedro.
Sospechas sobre una red que operaba desde distintos ámbitos
La Fiscalía investiga una estructura compuesta por abogados, funcionarios del Congreso y jueces. Según la imputación, el grupo habría defraudado a colonos de Río Verde y Santa Rosa del Aguaray.
Los sospechosos ofrecían tierras supuestamente gestionadas ante el Indert, cuando en realidad eran propiedades privadas. Bajo esa promesa, las víctimas entregaron cerca de USD 1.600.000.
Los involucrados también habrían presentado expedientes falsos ante juzgados incompetentes, fingiendo disputas sobre las tierras. A través de esas maniobras, obtenían pagos continuos con la excusa de “trámites judiciales” que nunca se resolvían.
Avances procesales y medidas vigentes
El Tribunal de Apelación respaldó la decisión del juez Coronel, quien había otorgado la medida a pedido de la Fiscalía de San Pedro. El análisis técnico del celular de Bogarín Campuzano será clave para confirmar el vínculo entre los participantes.
El fiscal informó que el Indert ya remitió documentación que podría ayudar a reconstruir el esquema. Además de Bogarín, están procesados la abogada Ilsa Paredes y José Ljubetic, acusados de estafar a colonos menonitas en uno de los casos vinculados.
Investigación abierta y próximos pasos
La Fiscalía pretende cruzar los registros de llamadas, mensajes y transferencias del celular con los movimientos bancarios de los sospechosos. También se investiga el posible uso de sellos oficiales del Indert en documentos falsificados.
La causa continúa abierta, con medidas cautelares vigentes y peritajes en curso. Las autoridades esperan que los resultados de la extracción permitan identificar a otros responsables.
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