El fallo que expuso una red dentro del aeropuerto
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, confirmó las condenas a seis trabajadores aeroportuarios implicados en el intento de envío de casi 22 kilogramos de cocaína al Reino de España.
El hecho ocurrió en mayo de 2021 en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y la decisión ratifica la responsabilidad penal de los involucrados por tráfico de sustancias estupefacientes en coautoría.
Fallo ratificado: sin errores en la valoración de pruebas
La resolución fue dictada por los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Arnulfo Arias, quienes resolvieron mantener íntegramente la Sentencia Definitiva N.º 336, emitida en julio pasado por el Tribunal de Sentencia N.º 2, integrado por los jueces María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk.
El fallo de primera instancia había impuesto penas de siete, seis y cinco años de prisión para los seis imputados, todos empleados de la empresa Longport S.A., subcontratada por Air Europa.
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Juan Cecilio López Arzamendia: 7 años.
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Damacio Brítez Ávila y Juan Carlos Gastón Acuña: 6 años.
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Luis Enrique Zayas Garay, Omar Agustín Gómez Cuéllar y Francisco Javier Torres Ortiz: 5 años.
Los camaristas consideraron que la sentencia apelada “se ajusta a derecho” y que el fallo se basó en una valoración integral y coherente del material probatorio, respetando los principios de inmediación y sana crítica racional.
“El Tribunal de Sentencia acreditó los hechos respetando los estándares de la sana crítica; no se advierte valoración contraria a la lógica, la experiencia o la ciencia”, sostuvo el juez Mario Camilo Torres en su voto, al que adhirieron sus colegas Escobar y Arias.
La maniobra: mochilas negras y un contenedor manipulado
De acuerdo con la acusación fiscal, los condenados participaron en la manipulación del equipaje de una pasajera, Fany del Pilar Sosa Benítez, con destino a Madrid.
El 9 de mayo de 2021, dentro del aeropuerto Silvio Pettirossi, el grupo abrió el contenedor AKE24575R7, que contenía las maletas despachadas por la pasajera, y sustituyó sus pertenencias por dos mochilas negras marca “Chenson” con 20 paquetes de cocaína.
La operación se realizó bajo la supervisión de Luis Enrique Zayas Garay, encargado del control de equipajes, quien autorizó el traslado del contenedor hacia la bodega del vuelo UX024 de Air Europa.
La SENAD había recibido una denuncia anónima vía WhatsApp, con fotografías del equipaje contaminado y el número exacto del contenedor.
Gracias a esa alerta, la Guardia Civil española interceptó la carga al día siguiente en el aeropuerto de Barajas, incautando 21,999 kilogramos de cocaína.
Recursos rechazados y plazo procesal vigente
Las defensas alegaron extinción de la acción penal, nulidad de la acusación y violación de las reglas de la sana crítica, pero la Cámara desestimó todos los planteamientos.
El tribunal recordó que el plazo máximo de duración del proceso —cuatro años prorrogables por doce meses tras una condena— no fue vulnerado, ya que los múltiples incidentes y excepciones promovidos por las defensas suspendieron válidamente el cómputo de tiempo.
En cuanto a la congruencia, los jueces de apelación afirmaron que los hechos descritos en la acusación, el auto de apertura a juicio y la sentencia coinciden plenamente, sin modificación sustancial que haya afectado el derecho de defensa.
Con esta decisión, la Cámara de Apelación confirmó las condenas y rechazó todos los recursos interpuestos, consolidando la responsabilidad penal de los seis trabajadores por tráfico de drogas en coautoría, conforme al artículo 21 de la Ley 1340/88, modificada por la Ley 1881/2002, en concordancia con el artículo 29 del Código Penal.
Una red interna desmantelada y una condena ejemplar
El caso reveló cómo una red de empleados del aeropuerto manipulaba contenedores de equipaje para insertar droga en vuelos internacionales. La detección oportuna evitó que la cocaína llegara a España, y el proceso se convirtió en un precedente clave contra el narcotráfico aéreo dentro de estructuras logísticas privadas.
La decisión del Tribunal de Apelación refuerza la línea de sentencias firmes en causas vinculadas al tráfico internacional de drogas, consolidando el mensaje de que los delitos cometidos bajo abuso de funciones en aeropuertos no quedarán impunes.
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