Imputan a intendente opositor en caso de presunto desvío de fondos
El fiscal Walter Castro imputó al intendente de Natalio, Marco Maidana (Alianza), por presunta lesión de confianza, producción y utilización de documentos no auténticos. La acusación incluye a otras cuatro personas: el exadministrador financiero de la municipalidad, el secretario de Transparencia, el de Acción Social y el titular de la Cooperativa Multiactiva Tape Añete Ltda.
Según la investigación, en 2022 la cooperativa facturó por trabajos que habrían sido ejecutados con maquinarias y recursos de la municipalidad y la Gobernación de Itapúa. El perjuicio denunciado supera los 950 millones de guaraníes.
Esquema denunciado y origen de la causa
La imputación fue presentada dos años después de la denuncia hecha por concejales opositores, en su mayoría del Partido Colorado.
La hipótesis fiscal sostiene que el intendente y otros investigados integraban la Comisión de Emergencia que contrató a la cooperativa para apoyar a productores locales. El trabajo, sin embargo, habría sido realizado por la municipalidad y la Gobernación, mientras la cooperativa cobraba por los servicios.
Contexto político y denuncias en otros distritos
El intendente Maidana afirmó que la causa es un amedrentamiento en el marco de sus aspiraciones electorales. Sostuvo que la cooperativa efectivamente prestó servicios y que, en paralelo, se brindó apoyo con recursos públicos a más de 2.000 productores tras la pandemia de covid-19.
En distritos cercanos, como Tomás Romero Pereira y San Rafael del Paraná, denuncias similares contra intendentes colorados oficialistas permanecen sin avances en el Ministerio Público.
Decisión judicial y competencia
La jueza penal de Garantías de Tomás Romero Pereira, Carina Ruiz Díaz, se declaró incompetente para atender el caso. La decisión se basa en la Ley Nº 6379/19 y la Acordada Nº 1406/20 de la Corte Suprema de Justicia, que asignan este tipo de causas al fuero penal económico cuando el perjuicio supera los 5.500 jornales mínimos.
En este expediente, el monto estimado equivale a más de 8.500 jornales. La Corte Suprema deberá designar a un magistrado especializado en delitos económicos para continuar el proceso.
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