Imputan a concejal por exigir G. 24 millones a comerciante
La Fiscalía acusa a Luis Sala, edil de Santa Rosa del Aguaray, por tráfico de influencias. Fue sorprendido durante una entrega vigilada.
Denuncia y contexto del caso
El fiscal Francisco Cabrera imputó al concejal Luis Alberto Sala Ferreira, de Santa Rosa del Aguaray, por el presunto hecho punible de tráfico de influencias, previsto en el artículo 7 de la Ley 2523/04. La imputación se da luego de que un comerciante denunciara que el edil le exigió G. 24.000.000 para destrabar gestiones administrativas vinculadas a un inmueble.
La denuncia fue presentada el 6 de junio de 2025 por Wenceslao Ávalos Barrios, quien relató que Sala le pidió dinero en nombre de la intendenta Silvia Noemí Trubger Benítez, con el fin de que esta firmara una resolución necesaria para continuar con el proceso de venta de un terreno adquirido por sus padres.
Antecedentes de la compraventa
El inmueble en cuestión había sido comprado en 2024 por los padres del denunciante a la empresa RAICES S.A., que se comprometió a realizar los trámites de desprendimiento y asignación de padrón ante el municipio y Catastro.
A pesar de avances en las gestiones, el proceso quedó trabado por una observación del Servicio Nacional de Catastro relacionada con la ubicación del inmueble. En marzo de 2025, Ávalos solicitó la rectificación de la resolución municipal, pero desde Catastro le informaron que la intendenta aún no había firmado el documento.
Insistencia del concejal y entrega vigilada
Según la denuncia, fue en ese contexto que el concejal Luis Sala abordó a Ávalos y le exigió el pago de G. 24 millones para que la intendenta firmara la resolución pendiente. El comerciante se negó, pero Sala insistió en varias ocasiones por mensajes, llamadas y visitas domiciliarias.
El 21 de julio de 2025, ambos se encontraron frente al IPS local. Ávalos grabó el encuentro, en el que el concejal reiteró su pedido. La situación culminó con una entrega vigilada, autorizada judicialmente, en la estación de servicios “Petrobras” de Santa Rosa del Aguaray. Allí se obtuvieron audios y videos que sustentan la imputación fiscal.
Durante la conversación, el concejal reconoció que el documento ya estaba solucionado y sugirió que la entrega del dinero se realizara “detrás de la Terminal”, evitando recibirlo en el lugar del encuentro.
Fundamentos de la imputación
La Fiscalía sostiene que la conducta del edil “sería típica respecto al hecho punible de tráfico de influencias”, en concordancia con el Artículo 29, inciso 1° del Código Penal.
La causa continúa en etapa preliminar, con los elementos de convicción ya incorporados en la carpeta fiscal y a la espera de nuevas diligencias.
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