Corte deja expuesta a exintendenta de Valenzuela

Corte frena intento de chicana y destraba juicio por corrupción en Valenzuela

La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Penal, declaró inadmisible la excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Mirtha Fernández Yegros, exintendenta de Valenzuela (departamento de Cordillera), quien está acusada por el supuesto desvío de G. 1.199 millones de fondos públicos destinados a obras municipales.

La decisión destraba la audiencia preliminar, que estaba pendiente desde el 2 de junio y fue suspendida por esta estrategia jurídica. Con este fallo, el proceso puede avanzar hacia su siguiente fase: la apertura del juicio oral.

Estrategia rechazada

La defensa de Fernández había presentado el recurso como una forma de frenar el avance de la causa. Sin embargo, los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander consideraron que la figura de la excepción de inconstitucionalidad no es válida para cuestionar resoluciones judiciales, sino que solo aplica frente a normas jurídicas generales vigentes.

Este criterio ya fue sostenido en fallos anteriores, donde se recordó que el mal uso de esta herramienta puede convertirse en una práctica dilatoria que entorpece el normal desarrollo de los procesos judiciales.

Acusación fiscal

La causa se inició tras denuncias del Ministerio Público, que imputó a Mirtha Fernández y a otros 11 funcionarios municipales por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Las obras cuestionadas fueron financiadas con recursos provenientes del Fonacide y de royalties, destinados a mejoras en infraestructura escolar y servicios básicos.

Según la acusación, muchas de estas obras no fueron ejecutadas o solo se realizaron parcialmente, pese a haberse transferido los fondos correspondientes.

Camino al juicio

Con esta resolución de la Corte, el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia podrá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, en la que se definirá si el caso pasa a juicio oral. Todo apunta a que no quedan más recursos pendientes y que la investigación avanzará hacia una resolución de fondo.

La Sala Penal reafirmó su posición institucional contra el uso indebido de figuras jurídicas que buscan obstaculizar el acceso a la justicia.


Seguiremos informando sobre el avance de esta causa clave para la lucha contra la corrupción municipal.


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