Impacto judicial en Puerto Casado: exintendente condenado por mal uso de fondos
El Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete, condenó al exintendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, a 3 años y 8 meses de prisión por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, tras demostrarse que utilizó fondos públicos para adquirir una camioneta Mitsubishi Triton a su nombre.
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Detalles del caso
Durante el juicio oral, se comprobaron varios hechos clave:
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El exintendente emitió un cheque municipal de G. 50 millones para el pago inicial de la camioneta, que figuraba registrada a su nombre.
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Testigos como el intendente interino Domingo Vera y el concejal Víctor Chamorro declararon que la municipalidad adquirió el vehículo por Gs. 325 millones, con una primera cuota financiada de forma irregular.
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En la fase preliminar, Adorno había sido sobreseído por el anticipo de salario que se usó para “justificar” la compra, pero en el juicio se comprobó que esto no justificaba el delito.
Fundamentos del tribunal
La Dra. Planás afirmó en su fallo: “La lesión de confianza es un hecho punible y genuino … porque una persona que adquirió la obligación de proteger un patrimonio ha perjudicado dicho patrimonio”.
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Reacciones y precedente judicial
Tras la lectura de la sentencia, Adorno se retiró sin hacer declaraciones. Entre concejales y ciudadanos presentes hubo aplausos, mientras que diversos sectores celebraron lo que consideraron un mensaje contundente contra la impunidad municipal.
Antecedentes del proceso
El juicio comenzó en mayo tras rechazar el Tribunal un pedido de nulidad y sobreseimiento presentado por la defensa. Durante los últimos días hicieron pública su preocupación por posibles vínculos entre la fiscal Teresilde Fernández y Adorno, tras ser removidos del caso los fiscales iniciales, Luis Piñánez y Luis Amado Coronel.
Pena solicitada vs. pena impuesta
La fiscalía había pedido solo 2 años de prisión, una condena que el actual intendente interino consideró insuficiente. Sin embargo, el tribunal determinó finalmente una pena mayor, cumpliendo con los criterios legales para los delitos comprobados, incluyendo gestión irregular de fondos y falta de contraprestación municipal.
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Impacto en la gestión comunal
Durante el juicio, se reveló que incluso tras su alejamiento, Adorno seguía operando desde una oficina alterna, manejando las cuentas municipales y retirando importantes sumas, situación que generó malestar entre concejales y vecinos.
La Contraloría también alertó sobre posibles desvíos por más de G. 8.800 millones durante su gestión.
Próximos pasos procesales
Con la sentencia ahora firme, no se esperan nuevos recursos. Esto convierte el fallo en un antecedente relevante para futuros casos de corrupción municipal en Alto Paraguay y en todo el país.
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