Condenan a 4 y 3 años de cárcel a odontóloga y química farmacéutica por muerte de Sol Chávez
Cierre judicial tras tres juicios
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado, dictó sentencia en el caso de la joven universitaria María Sol Chávez Franco, fallecida el 9 de abril de 2021.
La odontóloga Lilia Graciela Espinoza fue condenada a 4 años de prisión, mientras que la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa recibió una pena de 3 años, ambas por el delito de homicidio culposo.
Este fue el tercer juicio relacionado con el caso. En el primero, ambas fueron halladas culpables, pero la sentencia fue anulada por la Cámara de Apelaciones. En el segundo juicio, recibieron condenas de 2 años, también anuladas por inconsistencias en el proceso. Finalmente, en este tercer juicio se fijaron las penas máximas permitidas por la ley para este tipo de hecho.
Detalles del caso y argumentos de las partes
La joven Sol Chávez falleció tras recibir una dosis letal de flúor, recetada por la odontóloga Espinoza y preparada por la química farmacéutica Hermosa.
La Fiscalía, representada por la agente Teresita Torres, y la querella, a cargo del abogado José Carlos Armoa, solicitaron penas de 5 años de cárcel y 10 años de inhabilitación profesional para ambas. Sin embargo, el tribunal argumentó que, por el principio de reformatio in peius, no podían imponer condenas superiores a las del primer juicio.
Durante el juicio se presentaron elementos que acreditaron la responsabilidad de las acusadas en la preparación y administración del tratamiento que resultó mortal. Las defensas alegaron que no hubo intención de causar daño, pero el tribunal consideró suficientes las pruebas para dictar las penas.
Reacciones de la familia y la sociedad
María Edith Franco, madre de la joven fallecida, expresó su dolor y desacuerdo con la decisión. “Ella no merecía morir de la forma que el flúor jugó por su cuerpo, por la receta irresponsable de ambas”, manifestó.
La familia ha encabezado numerosas protestas públicas, incluyendo encadenamientos frente al Palacio de Justicia, exigiendo justicia y penas más severas.
El caso generó un amplio debate sobre la responsabilidad profesional y la necesidad de regulación estricta en el ámbito de la salud. Distintas organizaciones han pedido revisar protocolos para garantizar la seguridad de los pacientes.
Implicancias legales y futuras acciones
Pese a la sentencia, tanto la Fiscalía como la querella anticiparon que apelarán la resolución buscando penas más altas y la inhabilitación profesional de las acusadas.
Este caso podría establecer un precedente legal en Paraguay sobre la responsabilidad penal de profesionales de la salud por negligencia, y motivar reformas en las normativas y controles sanitarios.
Se espera que sirva como alerta y llamado a la revisión de los procedimientos médicos y odontológicos en todo el país.
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