Contraloría solicita informes sobre jueces de paz y funcionarios por presunto esquema fraudulento
La Contraloría General de la República solicitó informes sobre nueve jueces de paz de Asunción, luego de que la Corte Suprema de Justicia solicitara el estudio de correspondencia de bienes de los magistrados y funcionarios vinculados. Esta acción se da en el marco de las investigaciones relacionadas con un esquema fraudulento de notificaciones, conocido como la «mafia de los pagarés», que habría operado en los juzgados de paz de la Capital.
La solicitud de informes se amplía
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Oscar Torres, explicó en una entrevista a Ñandutí Radio TV que, además de los jueces de paz, también se pedirán informes sobre los actuarios y ujieres que forman parte de los juzgados investigados.
De un total de 147 nombres, que incluyen a jueces, actuarios y ujieres, la Contraloría decidió priorizar a los funcionarios de los nueve juzgados seleccionados por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema.
El origen de la investigación: esquema fraudulento
La investigación surge tras publicaciones que destaparon un esquema de fraude basado en notificaciones judiciales manipuladas. Este esquema, que involucra a los juzgados de paz de Asunción, generó un importante perjuicio económico y desconfianza en la administración de justicia.
Como respuesta, la Corte Suprema ordenó una auditoría de los juzgados, el control sobre el ingreso y salida de los funcionarios y el análisis de sus bienes patrimoniales.
Los magistrados y funcionarios en la lista de la Contraloría
Los nueve juzgados bajo investigación son:
- Juzgado de Paz La Catedral 1º Turno
- Juez: Gustavo Villalba
- Actuarios: Gabriel Acosta y Aaron Valdez Cáceres
- Ujieres: Jorge René Montiel y Osvaldo Insfrán
- Juzgado de Paz La Catedral 2º Turno
- Jueza: Nathalia Garcete Aquino
- Actuarios: Olivia Mosqueda Núñez y Pablo Cabrera
- Ujieres: Alfredo Samudio Benítez y Mariam Aquino
- Juzgado de Paz San Roque
- Jueza: Liliana González de Bristot
- Actuarios: Liz Ortiz Báez y Miguel Ángel Rolón
- Ujieres: Heber Cardozo Areco y Líder Benegas
- Juzgado de Paz Trinidad 1º Turno
- Jueza: Gloria Machuca
- Secretarios: Roberto Carlos Bazán y Gilberto Vargas Saucedo
- Ujieres: Gladys Acosta Arguello y Nelson Cabral Barrios
- Juzgado de Paz Trinidad 2º Turno
- Juez: Alejandro Peña
- Actuarios: Hugo Pastor Solalinde y Gabriela Riquelme
- Ujieres: Dante Silvero y Claudia Selene Villalba
- Juzgado de Paz Santísima Trinidad 3º Turno
- Jueza: Lourdes Yumi Piñeira
- Actuaria: Sthefani Godoy
- Ujier: Juan Pablo Cáceres
- Juzgado de Paz Villamorra
- Jueza: Elvira Franco
- Secretaria: Elizabeth Cardozo
- Ujieres: Juan Francisco Benítez y Walter Amarilla
- Juzgado de Paz Recoleta
- Juez: Víctor Rodríguez Acosta
- Actuarios: Gloria Morínigo y Rosa Lezcano
- Ujieres: Fernando Cáceres González e Ingrid Prette
- Juzgado de Paz Encarnación
- Jueza: Carmen Analía Cibils
- Actuarios: Martina Rivela y Ricardo Cuevas
- Ujieres: Nicolás Antúnez y Audrey Galeano
Implicaciones y pasos a seguir
El proceso iniciado por la Contraloría busca esclarecer las responsabilidades de los jueces y funcionarios involucrados, y garantizar la transparencia en la administración judicial. La auditoría y el análisis patrimonial de los implicados serán claves para determinar la legitimidad de los bienes y detectar posibles irregularidades.
Con el avance de las investigaciones, se espera que más detalles salgan a la luz, mientras la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría trabajan en conjunto para identificar y sancionar a los responsables.
