Prieto lideró un esquema de corrupción pública, según el fiscal
El fiscal Silvio Corbeta, uno de los tres acusadores en la causa por lesión de confianza y administración en provecho propio, expuso la gravedad de la situación en una entrevista con Radio Ñandutí. Según Corbeta, el intendente Miguel Prieto encabezó un esquema de corrupción que involucra a funcionarios y proveedores cercanos.
Detalles de la acusación
Corbeta, junto con las fiscales Alma Zayas y María Verónica Valdez, presentó un requerimiento conjunto al Juzgado de Garantías. En este esquema están implicados Prieto y otros diez acusados, incluyendo funcionarios leales al intendente en puestos clave como la Dirección Administrativa y la Unidad Operativa de Contrataciones. Además, se menciona a proveedoras «mimadas» de su administración.
El fiscal enfatizó que en Ciudad del Este se ha conformado un esquema de corrupción pública dirigido por el intendente y otros funcionarios designados en cargos de confianza.
Modus operandi conocido
Corbeta mencionó que el caso actual sigue un modus operandi similar a un caso anterior que resultó en un perjuicio de G 2.100 millones. En esta ocasión, el perjuicio fue menor, de 306 millones, pero el mecanismo es prácticamente el mismo. Las direcciones internas de la municipalidad promovieron licitaciones utilizando como justificativo la pandemia.
El fiscal agregó que el anterior caso es fundamental para comprender la estructura y los roles de los funcionarios de confianza de Prieto, quienes actuaron en violación de los intereses municipales.
Rol de las direcciones municipales
La Dirección Operativa de Contrataciones Públicas del municipio emitió un dictamen que facilitó el llamado a licitación por vía de la excepción, un proceso refrendado por el mismo intendente. Corbeta explicó que esta situación no era casual y se repitió en ambos casos, con el objetivo de reducir la cantidad de oferentes.
Irregularidades en la licitación
Otros elementos que sustentan la acusación incluyen informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que confirmaron que la licitación para la provisión de insumos alimentarios no cumplía con los requisitos para su convocatoria por la vía de la excepción. Esto es aún más relevante en el contexto de la pandemia.
Se destaca que la empresa Tajy, registrada como constructora, también fungía como proveedora de alimentos. «Contamos con los dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el legajo íntegro de la licitación, donde se puede observar todo el procedimiento desde el inicio», afirmó Corbeta.
Seguimiento del dinero y las mercaderías
El fiscal añadió que se ha realizado un seguimiento del dinero y las mercaderías. Aunque la defensa argumenta persecución política y que los alimentos son fungibles, Corbeta subrayó que esto no impide determinar de quién se compró y a quién subproveyó Tajy.
A pesar de la adjudicación, se ha señalado que los alimentos no fueron entregados, lo que agrega gravedad a la acusación.
