Familia recupera terreno invadido por el diputado Jatar Fernández
Luego de un largo litigio, empresarios retoman el control de su embotelladora de agua mineral en Villeta.
Después de más de un año de conflictos legales, la familia Gómez Brítez ha recuperado el control de su propiedad, un terreno de 7.000 metros cuadrados en Villeta, que había sido ocupado por el diputado Jatar Fernández sin la documentación legal correspondiente. La embotelladora, que representaba una inversión de más de G. 1.200 millones, fue tomada de manera irregular por el legislador y su grupo, según denuncias de los propietarios.
Acciones legales y recuperación del terreno
La familia recurrió a la justicia y a la fuerza pública para desalojar a Jatar y su grupo del predio, recuperando finalmente su control. El diputado, quien se ha convertido en una figura polémica tras alinearse con el oficialismo, presentó un contrato privado de cesión de derechos, cuya validez fue cuestionada desde el inicio por los propietarios originales.
El empresario Fernando Gómez Brítez, dueño del terreno, relató que la empresa estaba en pleno funcionamiento, con inversiones recientes en camiones de gran porte para distribución local y en el interior. Sin embargo, la invasión truncó el sueño de la familia y generó pérdidas económicas de alrededor de G. 3.000 millones, incluyendo el lucro cesante, que asciende a G. 60 millones mensuales.
El modus operandi de las invasiones
Este no es el único caso que involucra al diputado Jatar Fernández. La embotelladora Harpaya SA fue tomada utilizando un método similar al empleado en la invasión de una casaquinta en Ayolas, donde el legislador celebró de manera ostentosa su cumpleaños, llamando al lugar “la guarida del general”, en referencia a que la propiedad habría pertenecido al dictador Alfredo Stroessner.
Ley Zavala-Riera y sus implicancias legales
De acuerdo con el artículo 142 de la Ley 3440/2008 (Ley Zavala-Riera), las personas que invadan propiedades ajenas de forma violenta o clandestina pueden enfrentar penas de hasta seis años de prisión. Si además se ocasiona daño patrimonial, la pena puede extenderse hasta 10 años. Este caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de la ley y las consecuencias para quienes violan la propiedad privada.
