Informe de la BBC: Paraguay, entre los primeros lugares de crimen organizado

Según un informe del medio británico BCC, Paraguay, ha escalado posiciones hasta situarse como el cuarto país con mayor incidencia de criminalidad organizada a nivel mundial.

El informe destaca que la evaluación de la situación de Paraguay en relación con el crimen organizado proviene del análisis llevado a cabo por el Índice Global de Crimen Organizado.

En 2021, este índice situaba a Paraguay entre los quince países más afectados del mundo, posición desde la cual ha ascendido progresivamente hasta convertirse en un epicentro de criminalidad y delincuencia organizada.

Eje estratégico del tráfico de drogas

La posición estratégica del país, fronterizo con mercados como Argentina y Brasil, y su proximidad a grandes productores de cocaína como Bolivia, Colombia y Perú, le confieren un papel crucial en el tráfico de estupefacientes.

La hidrovía Paraguay-Paraná se destaca como una de las rutas fluviales más importantes para el transporte de cocaína hacia puertos en Buenos Aires y Montevideo, facilitando su distribución hacia Europa, África y el Oriente Próximo.

Influencia de la narcopolítica y el contrabando

La narcopolítica ha jugado un papel fundamental en el ascenso del país en el índice de criminalidad organizada.

La corrupción enraizada en el sistema político ha facilitado operaciones criminales a gran escala, incluyendo el tráfico de drogas y armas.

Este fenómeno se ve exacerbado por legislaciones permisivas que facilitan la compra y venta de armas, beneficiando tanto a criminales locales como a operativos transfronterizos.

Además, el tráfico ilegal de cigarrillos en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina financia otras actividades criminales, complicando aún más el panorama.

Desafíos institucionales

La debilidad institucional y la fragilidad del Estado paraguayo son palpables en la insuficiente protección a los agentes judiciales y policiales que combaten estos flagelos.

El asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, es un trágico recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios en su lucha contra la criminalidad organizada.

Este caso, presumiblemente ordenado desde Paraguay, subraya la permeabilidad de las instituciones estatales ante el poder del crimen organizado.


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