El senador Erico Galeano ha sido acusado de asociación criminal y lavado de dinero.
Según la fiscalía, Galeano prestó su avión a los líderes del crimen organizado, Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, recibiendo dinero a cambio.
Además, simuló la venta de su casa en Aqua Village a Tío Rico por un millón de dólares.
Detalles de la acusación
La acusación detalla que Galeano no solo prestó su aeronave a los líderes criminales, sino que estuvo al servicio de la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína.
Según los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, Galeano facilitó su avión a Marset y Tío Rico en varias ocasiones, y solicitan que el caso avance a juicio oral para debatir públicamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Pruebas presentadas
Los fiscales afirman que Galeano no solo se involucró en la venta simulada de su inmueble en Aqua Village, sino que también proporcionó transporte aéreo a los líderes del grupo ilícito.
La aeronave ZP-BHQ, propiedad de la empresa Alpina S.A. de Galeano, fue utilizada para trasladar a los criminales dentro del territorio nacional.
Esta colaboración facilitó el envío de cocaína a Europa y África entre 2020 y 2021. A cambio, Galeano recibió sumas de dinero provenientes del tráfico de drogas.
Relaciones con el crimen organizado
El Ministerio Público sostiene que Galeano mantuvo relaciones con los principales integrantes del grupo ilícito, específicamente Marset y Tío Rico.
Proporcionó su aeronave como medio logístico para los vuelos locales necesarios para concretar el envío de drogas al extranjero.
Los fiscales también presentaron pruebas testimoniales, informes de la APF, de la Dirección de Registros Públicos, pericias contables e informes de la Contraloría General de la República.
Próximos pasos en el caso
El caso de Erico Galeano ahora se encuentra en una etapa crucial, donde la solicitud es avanzar a juicio oral.
El pedido de elevación del caso a juicio oral y público quedó en manos del juez penal de Garantías contra el Crimen Organizado, Osmar Legal.
El juez tiene un plazo de tres días para recibir toda la documentación correspondiente y decidir si admite o rechaza el requerimiento, para posteriormente fijar la fecha de la audiencia preliminar.
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