¿Presiones políticas en el Este por controles anticontrabando?

Óscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios, levantó la voz contra las presiones políticas en Alto Paraná, apuntando directamente a intentos de influencia para remover a Gustavo Soto, encargado de la aduana en el Puente de la Amistad.

La misión de Soto, frenar el contrabando, parece haber tocado intereses sensibles, desatando una ola de descontento entre los llamados «paseros» y ciertos sectores políticos.

La firmeza de Orué en mantener a Soto en su puesto destaca la voluntad de enfrentar prácticas corruptas y asegurar una gestión transparente en los puntos de control fronterizos.

La respuesta de Santiago Peña y el conflicto con Landy Torres

El respaldo del presidente Santiago Peña a Orué subraya la importancia de la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando.

Sin embargo, la situación se complica con la postura del gobernador de Alto Paraná, Landy Torres, quien ha mostrado su desacuerdo con los métodos de control actuales.

La tensión entre la necesidad de controles eficaces y las demandas políticas locales plantea un desafío para la administración de Peña, en su esfuerzo por equilibrar la gobernabilidad y la integridad en las operaciones aduaneras.

Landy Torres, gobernador de Alto Paraná.

Innovaciones en el control aduanero

Los cambios implementados por Orué en la aduana del Puente de la Amistad, incluyendo la rotación de personal y la centralización de sumarios administrativos fuera de Ciudad del Este, buscan minimizar las oportunidades de corrupción.

Sin embargo, estas medidas han generado resistencia, no solo entre los políticos locales sino también entre comerciantes y trabajadores fronterizos.

Búsqueda de consenso

Pese a las presiones, el director de aduanas del Puente de la Amistad sigue en su puesto.

Después de que Peña bajara línea y oficiara de mediador, Torres y Orué mantuvieron una reunión para «limar asperezas» y acordar un nuevo sistema de trabajo que no perjudique a paseros, fleteros y pequeños importadores que trabajan legalmente.

Este diálogo es crucial para alinear los intereses de la administración tributaria con las necesidades de los pequeños importadores y trabajadores que dependen de la frontera para su sustento.


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