La justicia ha dado un paso firme contra el crimen organizado con la reciente decisión de la jueza Rosarito Montanía, quien ha elevado a juicio oral y público una causa contra figuras prominentes como el exdiputado Juan Carlos Ozorio.
Este caso, que involucra a un total de 14 acusados, destaca por su complejidad y las conexiones de la red criminal con actividades ilícitas como el tráfico internacional de cocaína y el lavado de dinero.
Lucha contra el crimen organizado
La operación «A Ultranza», llevada a cabo por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con la colaboración de la DEA y Europol, ha sido un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Paraguay.
La investigación reveló cómo diversas organizaciones criminales se unieron para formar una megaestructura dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos, liderada por figuras como Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico».
Detalles de la acusación en el caso A Ultranza
La acusación presentada por el fiscal Deny Yoon Pak se sustenta en una vasta cantidad de pruebas, incluyendo pericias e informes de diferentes organismos estatales, que demuestran la operativa de la organización criminal.
Para la Fiscalía el exdiputado Juan Carlos Ozorio en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa San Cristóbal facilitó a la organización criminal la referida entidad, para insertar las ganancias obtenidas por Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico, mediante la realización del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína.
Mientras que, Alberto Koube, fue quien invirtió en nuestro país dinero de Sebastián Marset, dinero que provenía del tráfico internacional de droga.
Igualmente, la jueza admitió la acusación contra Conrado Ramón Insfrán, Luis Fernando Sebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Koube, María Colmán Alarcón, Rodrigo Alfonso Resquín y elevó el caso a la siguiente etapa de juicio oral.
En su mayoría los acusados soportan cargos por tráfico de droga, asociación criminal y lavado de dinero.
El juzgado mantiene la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre los acusados, así como el embargo preventivo decretado sobre sus bienes para un eventual comiso.
La jueza también condenó a dos años y seis meses de cárcel a Irma Vergara y Diego José Cubas. Job Von Zastrow Masi a tres años de cárcel y Liz Fabiola Taboada a 3 años y seis meses de encierro.
Impacto de la operación
El desmantelamiento de esta red criminal no solo ha llevado a la condena de cuatro personas en procedimiento abreviado, sino que también ha permitido la incautación de bienes valorados en 100 millones de dólares, incluyendo propiedades, vehículos de lujo y helicópteros.
Este operativo marca un precedente en la exposición de las conexiones del crimen organizado con sectores políticos y empresariales en el país.
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