En Paraguay, la falta de transparencia financiera sigue siendo un problema crítico, especialmente entre los líderes locales.
Ocho intendentes no han cumplido con su deber de rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos, según la Contraloría General de la República.
Esta situación revela una preocupante falta de responsabilidad y transparencia en la gestión de recursos estatales.
Los implicados: una lista diversa
Entre los intendentes que han incumplido con esta obligación se encuentran cinco del Partido Colorado y tres del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Estos incluyen a Antonio Apezteguía de San Vicente Pancholo, Fabio Díaz Mendoza de Juan de Mena, Jorge Agüero de Primero de Marzo, Milciades Flores de Pirapó, Rafael Ramírez de Ñacunday, João Ferreira de Bahía Negra, Hilario Adorno de Puerto Casado y Mirtha Fernández de Valenzuela.
Cada uno de estos líderes ha recibido sumas significativas de dinero del Estado, destinadas a proyectos y servicios públicos, pero han fallado en demostrar cómo se han utilizado estos fondos.
El dinero público en juego
Los montos recibidos por estos intendentes son considerables.
Por ejemplo, Antonio Apezteguía recibió más de 4.400 millones de guaraníes, mientras que Fabio Díaz Mendoza manejó alrededor de 1.300 millones.
Estos fondos, provenientes en gran parte de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), están destinados a mejorar la calidad de vida en sus comunidades.
Sin embargo, la falta de rendición de cuentas plantea serias dudas sobre su manejo.
Hilario Adorno, del Partido Colorado y actual intendente de Puerto Casado, Alto Paraguay, es otro ejemplo preocupante de la falta de transparencia en la gestión de fondos públicos.
Recibió 2.553 millones de guaraníes del Ministerio de Economía y Finanzas, incluyendo 1.796 millones en royalties y 650 millones del Fonacide.
Sin embargo, no ha rendido cuentas sobre estos fondos.
Adorno, hermano del diputado oficialista Domingo “Mino” Adorno, enfrenta acusaciones por parte del Ministerio Público por lesión de confianza, relacionadas con la compra de una camioneta con dinero municipal.

Por otro lado, Mirtha Fernández, del Partido Liberal Radical Auténtico e intendente de Valenzuela, Cordillera, también ha sido señalada por su falta de rendición de cuentas.
Fernández no ha recibido fondos desde 2022 debido a su incapacidad para informar sobre el uso de los recursos recibidos en 2021.
Actualmente, enfrenta acusaciones por lesión de confianza y asociación criminal, y ha sido objeto de críticas por sus esfuerzos para evitar ir a juicio.

Debate sobre la ley Fonacide
La situación ha generado un debate sobre la Ley Fonacide.
Más de 100 intendentes se reunieron para discutir un proyecto de ley que busca centralizar los recursos de la merienda y el almuerzo escolar.
Aunque algunos líderes locales están en contra de esta centralización, reconocen la necesidad de un mayor control sobre los fondos entregados a las comunas.
Este debate subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
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