Nuevas reglas en compras públicas

Las compras públicas en Paraguay experimentan un cambio significativo con la implementación de la Ley N° 7021/23, que reemplaza a la Ley N° 2051/03.

Esta nueva normativa, ya integrada en el Presupuesto General de Gastos de 2024, introduce restricciones importantes: las autoridades y sus familiares no pueden ser proveedores del Estado.

Este cambio, confirmado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), refleja un esfuerzo por optimizar los recursos públicos y garantizar una mayor transparencia en las contrataciones estatales.

Innovaciones y prohibiciones: nuevas reglas en compras públicas

La Ley N° 7021/23 introduce innovaciones como la discriminación positiva, favoreciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en compras de menor cuantía.

Además, se exige que los funcionarios responsables de las compras tengan formación académica específica.

Una prohibición destacada es que las autoridades, sus familiares y funcionarios públicos no pueden proveer al Estado, lo que implica que todas las empresas interesadas en contratar con el Estado deben identificar a sus «beneficiarios finales».

Declaraciones y registro de proveedores

Según Agustín Encina, la nueva ley es más amplia y restrictiva en comparación con la anterior.

Establece que los funcionarios no pueden proveer, directa o indirectamente, a la institución donde trabajan.

Esta disposición se aplica también a las autoridades públicas.

Para garantizar su cumplimiento, se exige una declaración bajo juramento de no estar incluido en las inhabilidades y conflictos de interés.

Además, se ha implementado un nuevo Registro de Proveedores, reemplazando al anterior Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

Un futuro más transparente y eficiente

Estas nuevas reglas para las compras públicas marcan un paso adelante hacia un manejo más transparente y eficiente de los recursos del Estado.

Con la implementación de estas medidas, se espera una mejora significativa en la calidad de las contrataciones públicas, beneficiando tanto a las instituciones estatales como a los contribuyentes.


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