El presidente Santiago Peña ha confirmado su firme decisión de no retroceder en el proyecto de ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, a pesar de las numerosas críticas y reclamos recibidos.
Este proyecto, que busca regular el rol supervisor del Estado sobre las entidades de jubilaciones y pensiones, ha generado un amplio debate en la sociedad paraguaya.
Peña señala que la oposición al proyecto comenzó con Pedro Halley, quien aspiraba a ser consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y, al no conseguir el cargo, empezó a criticar y boicotear la iniciativa gubernamental.
El presidente acusa a Halley de difundir información falsa y confundir a la ciudadanía, y extiende sus críticas a ciertos medios de comunicación, a los que acusa de desinformar por intereses empresariales.
A pesar de la controversia, el proyecto cuenta con el apoyo de un grupo de 20 gremios sindicales, que han elaborado y firmado un texto en consenso, actualmente en consideración en el Congreso.
Estos gremios han expresado su acuerdo con la necesidad del proyecto, destacando su importancia para la supervisión estatal de las jubilaciones y pensiones.
Santiago Peña, en una entrevista para NPY, ha defendido su proyecto, asegurando que no existe ninguna intención de afectar los fondos de los jubilados.
Su objetivo, según afirma, es proteger el dinero de los ciudadanos, que actualmente no cuenta con una supervisión adecuada. Además, recalca que su gobierno ha buscado el diálogo y el consenso antes de presentar el proyecto al Congreso.
El presidente subraya que el Congreso tiene la oportunidad de realizar modificaciones al proyecto, pero cuestiona la necesidad de dialogar con individuos que, según él, buscan boicotear la iniciativa por motivos personales.
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