El Caso
Víctor Manuel Barreto, en una reciente declaración al diario Última Hora, ha expuesto una situación preocupante en relación con el diputado nacional José Domingo Adorno, perteneciente a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y representante de Alto Paraguay.
Barreto, quien se identifica como acreedor de Adorno, enfrenta dificultades para acceder a fondos legalmente asignados a él, a pesar de que estos se depositan mensualmente en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Monto adeudado y pagos parciales
La deuda acumulada por Adorno hacia Barreto asciende a la considerable suma de G. 136.000.000 millones.
Hasta la fecha, se han realizado depósitos que suman aproximadamente G. 50.000.000 millones.
Estos pagos se efectúan en cumplimiento de una sentencia judicial emitida por un juzgado de Asunción, que ordena la retención mensual de G. 8.193.710 millones del salario del diputado para saldar la deuda.
Barreras en el proceso de cobro
A pesar de que los fondos se depositan regularmente en la cuenta correspondiente, Barreto enfrenta un obstáculo significativo: no puede disponer ni efectivizar el dinero.
Para ello, requiere una orden judicial específica, la cual debería ser emitida por el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Sexto Turno, Guillermo Riveros.
Esta situación pone de manifiesto un problema en el sistema judicial que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos de manera efectiva.
Investigación fiscal en curso
Además de esta disputa financiera, la Fiscalía lleva a cabo una investigación sobre la gestión de José Adorno durante su mandato en la Gobernación de Alto Paraguay.
Este hecho añade una capa de complejidad y preocupación al caso, sugiriendo posibles irregularidades en la conducta del diputado.
Impacto en la confianza pública
Este caso no solo afecta a las partes involucradas, sino que también tiene un impacto negativo en la percepción pública de la integridad y eficiencia del sistema judicial y político en Paraguay.
La incapacidad de Barreto para acceder a fondos legalmente adjudicados refleja un sistema judicial que parece ineficiente y lento, lo que podría minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del país.
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