Carlos Granada, exgerente de Canal 9, ha iniciado una batalla legal para anular la acusación fiscal en su contra.
Presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez Matías Garcete, quien había elevado su caso a la etapa de juicio oral.
La defensa de Granada argumenta que la resolución carece de fundamentos sólidos, criticando la calificación jurídica excesiva del Ministerio Público y la falta de pruebas más allá de los testimonios de las víctimas.
La solicitud de la defensa es clara: piden a la Cámara de Apelación Penal que anule el requerimiento conclusivo del Ministerio Público y ordene el sobreseimiento definitivo de Granada.
Alternativamente, proponen un cambio en la calificación o la exclusión de pruebas.
Por otro lado, las fiscales Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero se mantienen firmes en su posición, argumentando que existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio oral y público.
El caso se originó tras las denuncias de varias periodistas, quienes acusaron a Granada de hostigamiento y abuso sexual.
Estas acusaciones incluyen actos sexuales forzados y no consentidos, así como amenazas contra sus trabajos.
Este caso ha captado la atención pública debido a su naturaleza y a las figuras involucradas.
Representa un momento significativo en la lucha contra el acoso sexual en el ámbito laboral, especialmente en los medios de comunicación.
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