Medidas reglamentarias contra el comercio irregular
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de su Dirección General de Combustibles, ha emitido una advertencia sobre las sanciones estipuladas en el Decreto 10911/00. Este decreto está dirigido a los comercios que participan en la venta o descarga no regulada de derivados del petróleo. Además, el MIC ha instado a la ciudadanía a presentar denuncias formales a través de su página web o por teléfono.
http://www.mic.gov.py o llamando al (021) 616.3129 de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00.
Condiciones y sanciones estrictas
El decreto mencionado impone condiciones rigurosas para el refinamiento, importación y comercio de combustibles en Paraguay, siguiendo normas internacionales de seguridad. Las sanciones establecidas varían, incluyendo multas significativas y hasta la clausura definitiva del establecimiento involucrado.
Canales oficiales para denuncias
El MIC ha exhortado a la población a tomar medidas contra esta práctica ilícita y a realizar denuncias formales a través de canales habilitados. Entre estos se incluyen el Botón de Denuncias en la página web del MIC y otras instituciones competentes como el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco).
Comercio autorizado y riesgos del comercio irregular
Juan Paredes, director general de Combustibles del Viceministerio de Comercio y Servicios del MIC, enfatizó que solo empresas distribuidoras y estaciones de servicio autorizadas pueden comercializar combustibles. El comercio en fuentes no autorizadas es peligroso, afectando la trazabilidad, calidad y seguridad del producto, y poniendo en riesgo a clientes y residentes cercanos.
Importancia de las denuncias formales
Las denuncias formales son esenciales para proporcionar a las autoridades información precisa sobre los infractores y facilitar investigaciones exitosas. Paredes destacó que las publicaciones en redes sociales no constituyen denuncias formales y aseguró que el MIC se compromete a proteger la identidad de los denunciantes, garantizando su seguridad.
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