El conflicto actual se centra en el cobro de un peaje establecido por el Gobierno Argentino en un tramo específico de la hidrovía, una decisión que ha sido fuente de tensión entre Argentina y Paraguay. El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) ha manifestado su deseo de que este asunto se resuelva a nivel político. Sin embargo, Raúl Valdez, presidente del Cafym, no descarta llevar el caso a arbitraje internacional si no se logra una solución en dicho ámbito.
Un incidente reciente ha avivado las llamas de la discordia. Un barco paraguayo fue retenido durante 10 días, siendo liberado únicamente tras un pago adicional de USD 4,000 más intereses y otros costos. Para Valdez, este episodio es solo un ejemplo de lo que considera una falta de buena voluntad por parte del Gobierno argentino. Desde Cafym se han estado explorando todas las opciones legales disponibles para expresar su desacuerdo con el peaje, y han señalado su posible inconstitucionalidad.
El peaje en disputa no solo ha causado desacuerdo en Paraguay. Varios países, incluidos Bolivia, Brasil y Uruguay, han rechazado esta tarifa, argumentando que infringe el principio de libre navegación de los ríos. Desde la perspectiva de Valdez, el verdadero problema radica en que no se proporciona un servicio equivalente a cambio del peaje. Esta tarifa, impuesta por el Ministerio de Transporte de Argentina, se percibe como una infracción a diversos tratados y leyes internacionales.
En medio de esta tensión, hay expectativas en torno a una reunión programada para el 30 de agosto. Esta reunión, del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, representa una oportunidad para que las partes involucradas discutan y, posiblemente, resuelvan el asunto. El optimismo radica en que, tras una transición gubernamental, las nuevas autoridades puedan elevar el tema a una discusión política de alto nivel.
Las repercusiones económicas de este peaje son significativas. Se estima que podría costar a los armadores paraguayos cerca de USD 800,000 por cada viaje. A largo plazo, si se mantuviera durante un año, representaría un cobro por parte de Argentina de aproximadamente USD 50 millones, una cifra que Valdez critica dada la ausencia de servicios proporcionados a cambio. Actualmente, las empresas paraguayas ya han enfrentado costos considerables, con pagos acumulados de aproximadamente USD 3 millones.
