En un reciente documento judicial se revela que Hilario Adorno Mazacote se encuentra nuevamente en el ojo del huracán.
Tras una imputación inicial por «Lesión de confianza», ahora se suma un nuevo cargo: «Administración en Provecho Propio». Esta ampliación de la imputación se basa en acciones que, según los fiscales, evidencian un aprovechamiento personal de fondos municipales.
La ley paraguaya es clara en estos casos. Según el Art. 8 de la Ley 2523/04, el delito de «Administración en Provecho Propio» puede ser castigado con una pena privativa de libertad de hasta diez años. Esta normativa sanciona a aquellos funcionarios públicos que decidan, autoricen o suscriban actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos para su provecho personal o el de familiares cercanos.
A pesar de las nuevas evidencias presentadas por los fiscales Abg. Carlomagno II Alvarenga y Abg. Luis Lionel Piñanez García, que apuntan a una posible malversación de fondos, el intendente sigue en libertad y, lo que es más preocupante, con pleno control sobre las finanzas de la Municipalidad.
El foco principal de la investigación es la adquisición de una camioneta Mitsubishi, L200 TRITON SPORT D/C GLS M/T modelo 2022, que, aunque debió haber sido registrada a nombre del Ejecutivo Municipal, sorprendentemente se encuentra a nombre del propio Mazacote. Se descubrió que utilizó Gs. 50.000.000 de los fondos municipales para realizar un pago inicial en la compra de este vehículo.
Ante las denuncias y cuestionamientos sobre la compra, Mazacote tomó una medida aún más controvertida: se autoadjudicó un adelanto de salarios correspondientes a tres meses, específicamente a los meses de marzo, abril y mayo del año 2022, a pesar de que la solicitud se realizó en enero del mismo año. Esta acción no solo rompe con la lógica administrativa, sino que también carece de sustento en las regulaciones municipales, ya que no se encontró ninguna disposición que permita el adelanto de salarios de esta manera.
A pesar de estos hallazgos, lo que ha causado asombro es la decisión de los fiscales de no solicitar medidas cautelares más restrictivas, como la prisión domiciliaria. Esta decisión permite que el Intendente continúe en funciones y tenga la capacidad de seguir administrando con acceso y control total sobre los fondos municipales.
El escándalo no solo envuelve al Intendente Mazacote, sino que también pone en el foco a su hermano, Domingo Adorno, actual diputado nacional.
Esta conexión política plantea serias dudas sobre posibles influencias y protecciones en las altas esferas del poder. La confianza en el sistema judicial está en juego, y la ciudadanía espera respuestas y acciones concretas frente a este flagrante caso de presunta corrupción.
