La fiscala Katia Estela Uemura sería investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por aparentes vínculos con el esquema de crimen trasnacional dedicado a lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El esposo de la agente del Ministerio Público Daniel Montenegro Menesez es uno de los detenidos y procesados en el marco del operativo “Pavo Real”.
En la sesión de este martes el JEM resolvió remitir a la Asesoría Legal los antecedentes de la fiscala Katia Uemura, a fin de determinar el inicio de una investigación preliminar de oficio a la agente del Ministerio Público por el caso Pavo Real, donde su esposo está procesado por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
El Dr. Óscar Paciello, miembro del colegiado, planteó permitir el análisis de la pertinencia de remitir o no a la Dirección de Asesoría Legal los antecedentes que guardan relación con la agente fiscal Katia Uemura.
El representante del Consejo de la Magistratura ante el JEM argumentó que su planteamiento es debido a la gravedad del hecho “que fue notorio gracias a las publicaciones de la prensa, y a las actuaciones en un operativo de la propia Fiscalía en la ciudad de Pedro Juan Caballero”, según resaltó.
En ese sentido, Paciello mocionó la remisión de los antecedentes de la fiscala Katia Uemura a la Dirección General de Asesoría Legal, “para el estudio de la pertinencia o no del inicio de una investigación preliminar de oficio”.
Tras analizar la propuesta de Paciello, el JEM ordenó por mayoría simple la remisión de los antecedentes mencionados a la Dirección General de Asuntos Legales, para que realice el análisis de la viabilidad o no de la apertura de una investigación preliminar, o enjuiciamiento oficioso a quien corresponda.
Según lo resuelto por el colegiado, en el plazo de 20 días contados a partir de la fecha, se pongan los resultados del análisis a consideración del pleno para su análisis.
Uemura, ya en el 2018, enfrentó un proceso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones, luego de que la propia Corte Suprema de Justicia la suspendiera en sus funciones, a causa de una falta consistente en otorgar libertad a dos presuntos narcotraficantes aprehendidos con 50 kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.
