El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto a nueve funcionarios, un proveedor y una persona de su entorno cercano, fueron imputados por un presunto delito de lesión de confianza. La Fiscalía, liderada por el fiscal Silvio Corbeta, basa la acusación en una supuesta compra ficticia de kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia del Covid-19. La compra fue realizada a través de una licitación excepcional, justificada por la emergencia sanitaria en marzo del 2020.
Corbeta explicó que la operación implica la compra de alimentos por valor de G. 3.000 millones, para ser distribuidos en forma de 25.000 kits de alimentos. Según la investigación, estos kits no fueron entregados de acuerdo con el contrato. La Contraloría ha identificado varias irregularidades en la operación, incluyendo la falta de stock de los productos comprados y discrepancias en las transacciones.
Aunque la Fiscalía aún no ha determinado si hubo sobrefacturación, las sospechas son lo suficientemente fuertes como para solicitar el arresto domiciliario de Prieto. De hecho, la trazabilidad de la compra de los productos condujo a una persona que no es un contribuyente real.
Una incoherencia importante en el caso es que las planillas de los supuestos beneficiarios fueron completadas y firmadas por una sola persona. Algunos de los nombres en las planillas corresponden a personas que se encontraban fuera del país o de Ciudad del Este en el momento de la supuesta distribución de alimentos.
La empresa que proveyó los kits, Tía Chela, adquirió insumos de otra empresa que se sospecha está vinculada al entorno de Prieto. Según las facturas encontradas, los insumos adquiridos serían insuficientes para los kits que se suponía se habían entregado.
Existen inconsistencias y potenciales delitos que justifican una investigación a fondo. La evidencia acumulada hasta el momento indica que se ha producido un perjuicio patrimonial considerable con la compra realizada por el intendente y su equipo administrativo.
