El fiscal anticorrupción Jorge Arce planea presentar pruebas documentales en el juicio contra el empresario Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira. Los acusados están siendo juzgados por supuestos delitos de contrabando, falsificación de documentos y asociación criminal en el caso conocido como Imedic.
La próxima audiencia se llevará a cabo este miércoles a partir de las 9:00 horas. También están siendo investigados en este caso el agente aduanero Carlos Gamarra y los funcionarios de Aduanas, Guillermo Molinas y Gustavo Acosta.
El juicio se encuentra actualmente en la fase de presentación de pruebas documentales proporcionadas por la Fiscalía, que suman un total de 74.
Además, varios testigos ya han testificado ante el tribunal. Estos incluyen tanto a los presentados por la Fiscalía como a los presentados por las defensas. Por parte del Ministerio Público, han declarado 17 personas como testigos, incluyendo a exministros, funcionarios de Aduanas y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), así como individuos particulares.
El fiscal Arce sostiene que para el Ministerio Público está claro que Justo Ferreira lideraba una organización delictiva que importaba mercancías sin autorización durante la pandemia de covid-19. María Gamarra, la exdirectora de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) del Ministerio de Salud, declaró que las 50 camas eléctricas importadas al país durante la pandemia no tenían registro sanitario.
La mayor estafa en tiempos de pandemia
Paraguay, en plena cuarentena total, tenía una enorme expectativa cuando llegó un carguero proveniente de China con insumos médicos. Los productos eran destinados por las empresas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, propiedad de Justo Ferreira, Carlos Borrel y Roque Dagogliano. La licitación que adjudicó el contrato por G. 85.000 millones al «clan Ferreira» ya había suscitado sospechas, e incluso la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había iniciado una investigación.
La llegada del carguero generó aún más dudas. Todo el cargamento llegó en cajas con sello del Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud Pública, incluso aquellos insumos que supuestamente iban a ser vendidos al sector privado. Posteriormente, el Ministerio de Salud rechazó los insumos, argumentando que las camas de terapia no cumplían las especificaciones establecidas y los equipos de bioseguridad no alcanzaban los niveles de seguridad requeridos. Además, la empresa no declaró la importación de 50 camas, lo que llevó a la Dirección Nacional de Aduanas a confirmar una multa por contrabando. Contrabando es, de hecho, el único delito por el que se investiga al clan Ferreira en esta causa.
Sin embargo, hay otros delitos graves que no han sido investigados. La tentativa de estafa y los delitos marcarios, por la adulteración de las especificaciones técnicas de las mascarillas quirúrgicas, nunca se investigaron. Estos delitos, que podrían haber puesto en riesgo la integridad física del personal médico, solo fueron evitados por la intervención de la Comisión Especial de Supervisión de Compras covid-19 (CESC), liderada por el entonces ministro Arnaldo Giuzzio.
En lugar de investigar estos delitos más graves, la Fiscalía, liderada por Osmar Legal, dividió la causa y procesó a Justo Ferreira y a su hija Patricia Ferreira, junto a funcionarios aduaneros y despachantes, por contrabando de camas hospitalarias. El argumento del fiscal para justificar la falta de investigación sobre los delitos de estafa y delitos marcarios es que esperaba información de la empresa fabricante sobre si autorizó o no el cambio de las cajas.
Las irregularidades continúan acumulándose. Se denunció que el contrato se presentó ya firmado a los miembros del Comité de Evaluación, violando la ley de Contrataciones Públicas. El exdirector administrativo de Salud Pública, Alcides Velázquez, dijo que solo siguió instrucciones de su jefe, apuntando al exministro Julio Mazzoleni. Sin embargo, administrativamente, el caso se cerró con sanciones leves a los funcionarios de posiciones más bajas, y el clan Ferreira sigue enfrentando escándalos.
