Ratifican sentencia contra Patricia Ferreira por medicamentos no autorizados
El Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, confirmó la sentencia de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira Pascottini, presidenta de Imedic, y para su directora general, Nidia Godoy. Ambas fueron condenadas por la comercialización de medicamentos no autorizados y por la producción de documentos no auténticos.
El tribunal también ratificó la absolución del despachante de aduana Néstor Ramírez, al considerar que no se comprobó su participación en una estructura jerárquica para sustentar el delito de asociación criminal.
Fundamentos del fallo de apelación
Las defensas alegaron incongruencias entre la acusación y la sentencia, además de falta de pruebas técnicas que relacionaran a las acusadas con la carga de documentos falsos al sistema Ventanilla Única de Importación (VUI). El Ministerio Público, sin embargo, solicitó rever la absolución por asociación criminal, criticando la falta de fundamentación y la interpretación restrictiva sobre la cantidad de personas necesarias para configurar ese tipo penal.
El tribunal concluyó que no se probó la existencia de una estructura jerárquica, como exige el artículo 239 del Código Penal para la asociación criminal. En cambio, sí consideró válidas las pruebas sobre los otros delitos imputados.
Criterios sobre la absolución de Néstor Ramírez
Respecto al acusado Néstor Ramírez, el Ministerio Público criticó la valoración de pruebas. Sostuvo que se ignoraron elementos clave, como informes del Ministerio de Relaciones Exteriores y testimonios que lo vinculaban con documentos falsificados. Aun así, el tribunal entendió que no se configuraron elementos suficientes para una condena.
El camarista José Waldir Servín, con el apoyo de sus pares Cristóbal Sánchez y Delio Vera, explicó que el análisis de las pruebas fue coherente y respetó los principios de la sana crítica. No se hallaron vicios o errores en la resolución apelada, por lo que votaron por su confirmación.
Imedic y la causa por medicamentos
Ferreira y Godoy fueron juzgadas por falsificar facturas y guías de traslado para importar y comercializar medicamentos de forma ilegal. El caso generó fuerte atención pública por el impacto sanitario y por tratarse de insumos destinados a instituciones públicas.
Finalmente, el tribunal consideró que los elementos aportados durante el juicio permitieron probar solo los delitos relacionados con documentos y medicamentos, descartando la existencia de una organización delictiva estructurada.
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