El juez penal de Garantías Rolando Duarte resolvió no hacer lugar a los incidentes de nulidad de la imputación y nulidad del informe fiscal, que presentó el usurero luqueño Ramón González Daher. Con esta decisión se ratifica la validez de la nueva imputación presentada por el fiscal Silvio Corbeta por presunto quebrantamiento del depósito y hurto agravado.
El pasado 18 de junio el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó imputación en contra de Ramón González Daher, por supuesto hurto agravado y quebrantamiento del depósito, por el caso de robo de 471 cheques que estaban en el depósito del juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú.
Los abogados Erich Ratzlaff y Raquel Talavera, representantes legales del condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, atacaron la nueva imputación con el argumento que en noviembre de 2022 el juzgado de Garantías a cargo de Rolando Duarte elevó a juicio oral la causa abierta a Ramón González Daher por supuesta extorsión con los cheques robados y dictó su sobreseimiento provisional en cuanto al quebrantamiento del depósito.
Los letrados indicaron en ese sentido que la nueva imputación por este último delito señalado es nula, ya que actualmente RGD tiene sobreseimiento provisional y si la fiscalía cuenta con elementos de convicción sobre el hecho punible debería solicitar la reapertura de la causa penal y presentar su requerimiento, ya sea una acusación o el sobreseimiento definitivo.
Al constestar los incidentes de la defensa el fiscal Silvio Corbeta solicitó al Juzgado de Garantías el rechazo de ambos recursos, con el argumento que esta imputación de RGD se debe a “nuevas porciones fácticas por encontrarnos ante un concurso de hechos por existir reiteradas violaciones a la misma norma por parte del mismo autor”.
La imputación señala que el robo de 471 cheques que habían sido incautados del poder de Ramón González Daher se dio en la causa por usura y otros delitos, que finalizó con su condena a 15 años de cárcel y la de su hijo, Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión.
Estos cheques habían sido hurtados del depósito del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto Otazú, entre febrero y agosto del año 2022.
El Ministerio Público logró determinar que 16 de esos cheques fueron utilizados por RGD para promover juicios contra Dolly Librada Bareiro Peña y Emigdio Bernardo Balbuena Pettengil, a través de la abogada Emma González Ramos.
Corbeta resaltó en su imputación que cuenta con suficientes elementos que permiten suponer que el imputado (RGD), con el afán de seguir operando comercialmente y continuar percibiendo los beneficios de la usura probada en juicio con los instrumentos de pago robados, habría instruido a una persona para sustraer los cheques y luego iniciar juicio” para apretar a sus víctimas.
