La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado un aumento significativo del 450% en los subsidios estatales otorgados a los transportistas. Sin embargo, a pesar de este incremento, no se ha observado una renovación correspondiente de la flota de vehículos, un requisito esencial para acceder a dicho subsidio.
El informe, presentado el pasado 12 de septiembre ante el Senado, fue liderado por Camilo Benítez, titular de la CGR. Benítez expresó su preocupación sobre la falta de transparencia en las transferencias directas que reciben los empresarios del transporte público del Área Metropolitana. Estos fondos provienen de los impuestos de todos los ciudadanos del país.
El propósito principal del subsidio es ayudar a los pasajeros a mitigar las fluctuaciones en los precios del combustible. Para que los empresarios puedan acceder a este beneficio, deben cumplir con ciertos requisitos, siendo uno de los más importantes la renovación de la flota de buses. «La entrega del dinero tiene un condicionamiento de cambio de flota, no se pudo constatar que dicho cambio se haya producido», señaló Benítez.
La responsabilidad de verificar el cumplimiento de estos requisitos recae en el Viceministerio de Transporte (VMT) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Sin embargo, hay preocupaciones adicionales relacionadas con la posible evasión de impuestos y la contratación irregular de conductores. Según la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), muchos conductores no reciben un salario mensual establecido ni tienen acceso a beneficios de seguridad social.
Ante estas irregularidades, el gobierno de Santiago Peña ha anunciado una revisión de los costos del pasaje, que se determina mediante la Tarifa Técnica (TT). Esta revisión se llevará a cabo a través de una nueva consultoría.
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