Polémico enfoque judicial reabre el debate sobre crimen juvenil

Juez Camilo Torres plantea justicia restaurativa ante delitos de adolescentes

El juez de la Adolescencia Camilo Torres advirtió que endurecer penas o bajar la edad de responsabilidad penal no resolverá el problema del crimen juvenil. Según explicó, el aumento de delitos cometidos por menores responde a una combinación de falta de educación, oportunidades y apoyo estatal, factores que empujan a muchos jóvenes hacia las bandas criminales.

“En el caso de adolescentes, se debe trabajar en la prevención, en la reinserción, en la justicia restaurativa y dejar de aplicar estos placebos de aumento de pena o de edad de responsabilidad”, expresó el magistrado.

Torres sostuvo que el Estado debe asumir un rol activo en la protección y formación de los adolescentes en riesgo. “No solamente tiene que reprimir, sino prevenir”, enfatizó.

Ausencia del Estado y expansión del crimen organizado

El juez Torres explicó que la problemática debe analizarse desde múltiples perspectivas. Señaló que la ausencia del Estado genera espacios que son aprovechados por las facciones criminales, que sustituyen el rol estatal en comunidades vulnerables.

“Muchas veces estas organizaciones ocupan el lugar del Estado. Ante la falta de educación, salud o igualdad de oportunidades, aparece un clan o comando que le dice al adolescente: ‘Nosotros te podemos dar esto, lo otro’. El Estado tiene que dar garantías, seguridad y contención”, sostuvo.

Torres insistió en que los adolescentes en conflicto con la ley penal provienen, en su mayoría, de entornos de exclusión social y pobreza estructural, lo que los deja expuestos al reclutamiento por parte de grupos criminales.

Educación, apoyo psicológico y prevención como eje

Consultado sobre las políticas estatales, el juez reconoció que existen “intenciones de mejora”, aunque consideró que los esfuerzos son insuficientes. Subrayó que el consumo de drogas tiene una fuerte influencia en los hechos punibles y que el Estado debería actuar sobre los focos de distribución y brindar acompañamiento terapéutico a los jóvenes consumidores.

“Tenemos centros de desintoxicación, pero no hay terapias efectivas ni sistemas integradores para adolescentes que estuvieron en conflicto con la ley penal”, puntualizó.

Torres reiteró que la educación y las prestaciones básicas son el único camino para romper la cadena delictiva. “Si se trabaja bien con el adolescente, con equipos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos, se corta la carrera delictiva. Pero si seguimos respondiendo solo con castigo, no vamos a resolver nada”, advirtió.

Hacia una justicia con enfoque restaurativo

El magistrado insistió en la aplicación de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que promueven medidas socioeducativas y la reinserción.

“La justicia restaurativa permite que el adolescente asuma su responsabilidad, repare el daño y reciba contención. Ese enfoque es el que realmente previene la reincidencia”, concluyó Torres.


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