Cámara anula condena a abogados por graves errores procesales
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, Primera Sala de la Capital, resolvió anular la condena dictada contra los abogados Gabriela Godoy, Cristian Borja y Ana Rodríguez. La resolución se basó en que la Sentencia Definitiva N.º 558, del 27 de diciembre de 2024, incurrió en errores procesales y falta de fundamentación.
La camarista Claudia Criscioni, preopinante, señaló que la principal falencia fue la incorporación del acta de constitución fiscal en el local comercial “El Peruano”. Según la defensa, se trató de una prueba ilícita, pues se realizó un ingreso sin orden judicial.
Errores señalados por la Cámara
Criscioni indicó que el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Adriana Planas, Matías Garcete y Elsa García, no explicó por qué consideró legal el ingreso. Se limitó a consignar lo ocurrido en el acta, sin desarrollar fundamentos en la sentencia, lo que constituye un error procesal insalvable.
“Se puede leer que el Tribunal de Sentencia no fundamentó de manera concreta el motivo por el cual consideró legal el ingreso a un recinto privado comercial sin orden judicial”, advirtió la camarista.
Además, destacó que la sentencia omitió fundamentar el supuesto perjuicio patrimonial y no analizó adecuadamente si las conductas atribuidas podían subsumirse en figuras como tráfico de influencias. Para Criscioni, este vacío resulta inadmisible en un tribunal especializado en delitos económicos.
Los camaristas Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla acompañaron la postura.
Condenas anuladas
El 28 de diciembre de 2024, habían sido condenados:
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Cristian Borja Fariña, a dos años de cárcel por cohecho pasivo agravado, estafa, asociación criminal y realización del hecho por funcionario.
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Ana Elisa Rodríguez de Giménez, a dos años por estafa, asociación criminal y cohecho pasivo agravado.
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Gabriela Ignacia Godoy Aranda, a tres años por usurpación de funciones públicas, estafa y asociación criminal.
La acusación sostenía que, en 2022, Godoy ofreció una supuesta “solución” en un caso de estafa. Presentó a su cliente a Ana Rodríguez, quien se hizo pasar por actuaria judicial, y a Cristian Borja, que simuló ser funcionario judicial. Ambos exigieron G. 15.000.000 y la transferencia de un inmueble para garantizar un resultado favorable.
Reenvío del proceso
La Cámara dispuso la nulidad de la sentencia y el reenvío del caso, dejando sin efecto las condenas iniciales. Con esta decisión, el expediente deberá ser nuevamente analizado por otro tribunal, tomando en cuenta las falencias advertidas.
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