Condena firme y orden de encarcelamiento
El ex diputado Carlos María Soler fue condenado a cuatro años de prisión por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias. La Corte Suprema de Justicia ratificó en julio de 2024 la sentencia dictada en 2022, al rechazar el recurso de casación, quedando firme la condena.
El juez de Ejecución de Delitos Económicos, Carlos Mendoza, intimó al exlegislador a presentarse en un plazo de 24 horas en un juzgado, comisaría o penitenciaría para iniciar el cumplimiento de la condena. La orden fue emitida formalmente a través de un exhorto judicial.
Entrega voluntaria y traslado a la Unidad Esperanza
El 3 de julio de 2025, Carlos Soler se entregó voluntariamente en el Departamento Judiciales de la Policía Nacional. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde deberá compurgar la totalidad de su pena.
Este centro penitenciario está ubicado en las inmediaciones del penal de Tacumbú y es destinado a personas condenadas por delitos económicos. La pena se extenderá hasta el año 2029, de acuerdo al cómputo realizado por el juez Mendoza.
En contraste, su co-procesado, Enrique Gómez de la Fuente, continúa sin cumplir su condena de tres años y medio, apelando embargos y retrasando el proceso judicial.
Hechos comprobados en juicio oral
Durante el juicio celebrado el 15 de julio de 2022, se acreditó que Soler y Gómez solicitaron USD 125.000 al estanciero Albino Méndez a cambio de facilitarle la adjudicación de tierras en el Chaco.
Méndez entregó dos cheques —uno por G. 100 millones y otro por G. 60 millones—, que luego fueron utilizados por Gómez de la Fuente. La denuncia fue presentada en octubre de 2019, y tras años de proceso judicial, concluyó con una sentencia condenatoria definitiva N° 257.
El Tribunal de Sentencia que juzgó el caso estuvo presidido por la jueza Elsa García, quien consideró probados los hechos «sin duda alguna».
Repercusiones judiciales e institucionales
La condena a Carlos Soler marca un nuevo precedente en la aplicación efectiva de penas por delitos de corrupción. La ejecución de la sentencia reafirma la potestad del sistema judicial de sancionar a exautoridades sin excepciones.
El caso también pone en foco el cumplimiento desigual de la ley, considerando que su co-procesado aún elude la pena. Sin embargo, el ingreso de Soler al sistema penitenciario es visto como un avance en la lucha contra la impunidad.
Con la pena firme y el traslado concretado, se espera que el cumplimiento íntegro de la condena refuerce la credibilidad institucional y contribuya al mensaje de que la corrupción tiene consecuencias reales.
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