UNICEF alerta sobre la gravedad de los abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes, calificándolos como flagrantes violaciones de derechos humanos. La organización muestra su inquietud por la posibilidad de que individuos acusados por tales delitos ocupen posiciones de representación nacional.
La entidad insta a las autoridades encargadas de investigar y procesar a los acusados a tratar con prontitud los casos judiciales en los que menores son víctimas de abusos sexuales, siguiendo lo estipulado en el Código Penal y otras leyes aplicables.
UNICEF aboga por la adopción de medidas efectivas para prevenir, denunciar y reparar los derechos de las víctimas de abusos sexuales en la infancia y adolescencia. Entre las acciones recomendadas se encuentran la creación de un sistema integral de garantías y protección de derechos, el robustecimiento de los servicios dedicados a las víctimas, y el establecimiento de líneas de atención gratuita para el asesoramiento y acompañamiento en denuncias de abuso sexual, conforme a la ley N°6202.
La organización reconoce los progresos realizados por Paraguay en los últimos 30 años en materia de protección de la infancia y la adolescencia, y ofrece su respaldo técnico para impulsar el diálogo necesario con las instituciones pertinentes.
UNICEF subraya la importancia de mantener la lucha por la protección de niños, niñas y adolescentes frente a todas las formas de violencia, abuso y explotación sexual, sin renuncias ni pausas.
Si bien la organización internacional no hizo referencia a casos puntuales, hay un en particular que ha generado la indignación de diferentes sectores de la sociedad: el del senador electo Rafael Esquivel, conocido como «Mbururu».
El legislador electo se encuentra con prisión preventiva por varios crímenes y delitos del que está acusado por el atropello de una propiedad perteneciente a compatriotas paraguayos en Itakyry, con un grupo de indígenas, así como otro caso por abuso sexual en niños registrado en Ciudad del Este.
La víctima de este último caso es una niña de 12 años, que fue vendida por la madre, quien también está imputada por proxenetismo en prisión. Ocurrió hace 3 años, pero la denuncia fue realizada por la Defensoría Pública, debido a que saltó en una declaración de la víctima durante una audiencia en un Juzgado de Paz por otra causa.
Sin embargo, en su prontuario del Ministerio Público obra medio centenar de denuncias por varios hechos punibles, registrados desde el año 2010, en su mayoría en Ciudad del Este, pero también se presentaron denuncias en Coronel Oviedo, Minga Porã, Caacupé, Hernandarias, Itauguá, Central y Colonias Unidas, conforme con los registros.
Los hechos van desde exposición al peligro en el tránsito terrestre a robo agravado, abuso sexual en niños, violencia familiar, incumplimiento del deber legal alimentario, entre otros.
