Auditoría en curso
La Contraloría General ha desplegado un equipo de auditores especializados en peritaje en Puerto Casado, Alto Paraguay, para verificar el manejo del municipio, a raíz de denuncias hechas por los propios concejales que derivaron en dos rechazos consecutivos de rendición de cuentas.
Los profesionales están encargados de inspeccionar las obras reportadas por la administración del Intendente Hilario Adorno, quien enfrenta acusaciones graves como lesión de confianza, estafa y administración en beneficio propio.
Primeros preocupantes resultados
Los resultados preliminares sugieren una discrepancia alarmante entre los registros oficiales y la realidad física, indicando que muchas obras podrían existir solo en papel.
La primera parada fue en la comunidad de Km 39 San Isidro Labrador, donde, según el director, Profesor Juan Candido González, no se ha realizado ninguna reparación a pesar de que los registros indican que se destinaron más de 60 millones de guaraníes para dichas obras.
La situación en la Escuela Juan de Ayolas fue similar; la directora Emilce Diaz afirmó que los trabajos de refacción y pintura, que supuestamente costaron 62.300.000 Gs, nunca se llevaron a cabo, a pesar de figurar completados en los contratos.
Los documentos oficiales indican que la escuela fue reparada y que se asignaron más de 60 millones de guaraníes para estas obras, pero la evidencia física contradice totalmente estas afirmaciones.
Publicaciones de concejales municipales y vecinos dan clara cuenta de la situación:
Rendiciones de cuentas rechazadas en 2022 y 2023
El año pasado, la Junta Municipal de Puerto Casado rechazó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2022/2023 de la administración del intendente Hilario Adorno, hermano del exgobernador y actual diputado José Domingo Adorno.
Este año la junta municipal volvió a rechazar la rendición de cuentas para el ejercicio 2023/2024, pero esta vez, la negativa se debió a la ausencia de documentación respaldatoria que justificara los egresos reportados.
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Imputación, juicio oral y posterior desacato a orden judicial
Agravando la situación, en ese momento se descubrió que el intendente utilizó fondos municipales para la adquisición de un vehículo de uso particular.
Este manejo indebido de las finanzas municipales ha resultado en una imputación por parte del Ministerio Público por lesión de confianza y la posterior ampliación por presunta comisión del hecho punible de administración en provecho propio.
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Puerto Casado: Fiscalía amplió imputación contra intendente
Esta imputación derivo en la elevación a juicio oral del caso.
Llevan a juicio oral al intendente de Casado
La gravedad de las acusaciones ha llevado a que se le prohíba acercarse a 500 metros de la municipalidad, pero a pesar de la orden judicial, el intendente Adorno fue visto cerca de la municipalidad en varias ocasiones, incluso alegando explícitamente que había apelado la resolución del juez, lo cual denota cómo mínimo igoarancia de lay ley, o incluso tal vez, un abierto desafío a la misma, ya que la apelación no altera el efecto de la orden judicial, que sigue vigente, destacando un flagrante desacato a la ley.
Intendente desobedece orden judicial y genera caos en el municipio
Cabe destacar, que la orden de mantenerse a distancia de la municipalidad obdece no sólo al caso de la imputación, sino también a la percepción general del peligro que podría representar para los fondos municipales, ya que cuentas que varias denuncias de malversación, algunas de ellas las pueden encontrar aquí.
Estos hallazgos sugieren una posible malversación de fondos destinados a la educación de comunidades vulnerables.
Una vez concluido el trabajo de la Contraloría, se espera que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público.

La respuesta de las autoridades gubernamentales en las próximas semanas será crucial para restaurar, o no, la confianza pública.
