La fiscal Natalia Montanía Sartorio había imputado en julio de 2025 a diez ejecutivos vinculados a ADAMA Agriculture Paraguay S.A. por estafa, lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso. Ocho meses después pidió desestimar la causa, sin que se hubiesen producido —según el planteo de los querellantes— los actos investigativos que la Cámara de Apelaciones le había exigido.
El expediente lleva el número 2358/24 y tramita ante la Unidad Penal N.º 3 de Hernandarias. En el medio quedó una brecha contable que la querella estima en más de USD 7,7 millones, denunciada por los socios minoritarios paraguayos de la multinacional. Según el planteo de los querellantes, esa diferencia no habría sido neutralizada con nuevas pericias ni con actos de investigación adicionales antes del pedido de archivo.
El cambio de criterio del Ministerio Público es, en sí mismo, una facultad legal de la fiscalía. Lo que resulta llamativo, según los abogados querellantes, es que la propia hipótesis acusatoria que la fiscal sostuvo en julio de 2025 habría quedado descartada en abril de 2026 sin que, según el planteo de la querella, se hubiesen producido las diligencias que la Cámara de Apelaciones le devolvió a producir.
Origen: una compraventa con cláusula atada a resultados
Según la denuncia presentada en la causa, el caso arranca el 25 de septiembre de 2020. Ese día, los empresarios paraguayos Carlos Vinicius Martins de Oliveira y Otavio Diedrich, dueños de la firma FNV S.A. —importadora y distribuidora de insumos agrícolas, distribuidor exclusivo amparado por la Ley 194/93— firmaron un contrato de compraventa de acciones con la multinacional ADAMA Agriculture BV, hoy parte del Grupo Syngenta.
El acuerdo, de acuerdo a la documentación que obra en el expediente, transfirió el 51% del paquete accionario al grupo extranjero y dejó pendiente una opción de compra sobre el 49% restante. El precio de ese segundo tramo no era fijo: quedaba condicionado al EBITDA que la compañía generase bajo la nueva administración. A partir de esa operación, FNV S.A. pasó a llamarse ADAMA Agriculture Paraguay S.A.
La maniobra denunciada: licuar para no pagar
Según la denuncia que motivó la imputación, los administradores designados por el grupo mayoritario habrían desplegado decisiones tendientes a erosionar sistemáticamente los resultados contables de la filial paraguaya, justo cuando se aproximaban los ejercicios que iban a determinar el precio de la opción de compra del 49% restante.
Entre las maniobras denunciadas figuran modificaciones en la política de precios de transferencia, particularmente el incremento del valor de los insumos provistos por entidades vinculadas al propio grupo. De acuerdo al planteo de la querella, esa dinámica habría inflado artificialmente los costos operativos de ADAMA Agriculture Paraguay y habría incrementado, en paralelo, su nivel de endeudamiento frente a su controladora.
Según consta en la denuncia, el accionista minoritario Otavio Diedrich —miembro del Directorio— habría dejado constancia de su oposición a estas decisiones, sin que sus reclamos hubieran sido atendidos por el órgano de administración.
La imputación inicial y el llamado de la Cámara
El 2 de julio de 2025, los fiscales Natalia Montanía y Alcides Giménez imputaron a diez personas vinculadas al grupo empresarial: Carlos Danilowicz, José Claudio Alonso, Hernán Gustavo Cali, Moti Blank, Gustavo Ariel Alonzo, Ricardo Palazzo de Almeida, Romeu Stanguerlin, Luiz Vilardo Ruzza, Marcelo Valentín y Gabriel Goldstein. La hipótesis acusatoria —según consta en el escrito de imputación— hablaba expresamente de una «estrategia deliberada de manipulación» orientada a afectar el valor de las acciones pendientes de adquisición.
El encuadre penal incluyó las figuras de estafa, lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso.
Según consta en el expediente, la Cámara de Apelaciones devolvió la imputación a la fiscal y dispuso que cada uno de los diez imputados recibiera atribución de conductas específicas, en lugar de una imputación genérica.
El giro: el pedido de archivo y la lectura crítica de la querella
El 15 de abril de 2026, la misma fiscal Montanía solicitó al Juez Penal de Garantías la desestimación de la denuncia. En el escrito de desestimación, según la lectura de los abogados querellantes, los actos investigativos que la Cámara había pedido producir no se realizaron. La fiscal concluyó que los hechos carecían de relevancia penal y debían ser tratados como un conflicto meramente societario.
El planteo crítico de la querella apunta a la falta de proporcionalidad entre la gravedad de la hipótesis original —una estrategia deliberada de manipulación contable con perjuicio millonario— y los fundamentos utilizados para descartarla. La abogada María Teresa Servín Zardini, en representación de los socios minoritarios, planteó esta lectura en una entrevista en Radio 1000 AM:
«Las pericias son mencionadas también en la desestimación, pero con una interpretación errónea y totalmente alevosa hacia la otra parte. (…) Es mentira cuando ella dice en la desestimación que las pericias son coincidentes entre sí.»
— María Teresa Servín Zardini, abogada querellante. Radio 1000 AM, 28 de abril de 2026.
La brecha de USD 7,7 millones y el ángulo fiscal
Uno de los puntos que la querella señala como centrales del expediente es la diferencia superior a USD 7,7 millones entre los estados financieros locales presentados por ADAMA Agriculture Paraguay y los reportes internos del grupo, según figura en la denuncia original. En la imputación de julio de 2025 ese indicador fue tratado como un elemento crítico para sostener la hipótesis de perjuicio patrimonial. En el pedido de desestimación —siempre de acuerdo a la lectura de la querella— pierde centralidad sin un desarrollo argumental que neutralice su relevancia técnica.
La querella también plantea un ángulo que excede al conflicto entre socios: la posibilidad de que las divergencias contables denunciadas tengan implicancias en materia fiscal, en tanto podrían ser indicativas de maniobras orientadas a la erosión de la base imponible. Servín Zardini lo planteó en estos términos en Radio 1000:
«Especialmente cuando uno lleva una doble contabilidad y dentro del país queda cierta situación financiera que es reportada también al fisco (…). Eso también hemos denunciado: de comprobarse nuestros dichos, habría una evasión de impuestos también en nuestro país.»
— María Teresa Servín Zardini, abogada querellante. Radio 1000 AM, 28 de abril de 2026.
Ese vector —el eventual perjuicio al fisco paraguayo, no solo a los accionistas minoritarios— no fue, según la querella, abordado con la profundidad que el caso exigía en el pedido de desestimación.
El cuestionamiento al criterio fiscal
Sobre la decisión de la fiscal, el periodista Héctor Alegre —conductor de Causa Justa en Unicanal y de La Tarde a 1000 en Radio 1000 AM— planteó en su cuenta de la red X que el debate de fondo es el debido proceso y la actuación del órgano acusador:
«Como siempre insistimos tanto en #AlqueMadruga como en @CausaJustaPy, el debido proceso, la correcta visión de la justicia, pasa por el debido proceso y la correcta actuación de quienes representan a la sociedad.»
— Héctor Alegre, 28 de abril de 2026 (vía red X).
La causa, en estos términos, queda en manos del Juez Penal de Garantías, quien deberá resolver si acepta el pedido de desestimación de la fiscal Montanía o si entiende que los actos investigativos que la querella considera pendientes deben producirse antes de cerrar el expediente.
Fuentes
- Causa N.º 2358/24, Unidad Penal N.º 3 de Hernandarias — escrito de imputación (2 de julio de 2025) y pedido de desestimación (15 de abril de 2026).
- Entrevista a la abogada María Teresa Servín Zardini, Radio 1000 AM, 28 de abril de 2026.
- Hilo de Héctor Alegre en la red X, 28 de abril de 2026 — tuit inicial y tuit en hilo.
