Corte reacciona tras polémico hecho en oficina judicial

Suspenden funcionarias judiciales tras insólito episodio en oficina

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la apertura de un sumario administrativo y la suspensión preventiva sin goce de sueldo de dos funcionarias de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia de San Lorenzo. La decisión se adoptó el 24 de marzo de 2026, tras detectarse presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones dentro de un servicio considerado prioritario.

Medida disciplinaria y apertura del sumario

La resolución del órgano de supervisión del Poder Judicial ordena investigar los hechos mediante un procedimiento formal. El objetivo es determinar si existieron faltas administrativas y establecer eventuales responsabilidades. La suspensión preventiva rige durante el desarrollo del proceso o hasta que se emita una resolución definitiva.

El Consejo justificó la medida en la “gravedad de los hechos investigados” y en la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento de una dependencia clave para la atención de personas en situación de vulnerabilidad. La intervención se enmarca en las facultades disciplinarias de la institución.

Conducta bajo investigación en horario laboral

De acuerdo con los antecedentes, las funcionarias habrían incurrido en conductas incompatibles con sus obligaciones laborales. El informe señala que ambas se encontraban en un “momento de spa” dentro de la oficina y durante el horario de trabajo.

El hecho adquiere relevancia por el contexto en el que ocurrió: un espacio destinado exclusivamente a la atención de víctimas de violencia. La presunta conducta habría afectado la prestación del servicio en un ámbito que exige disponibilidad, seriedad y atención inmediata.

Designación de jueza instructora y proceso en curso

Como parte de las medidas adoptadas, se designó a una jueza instructora encargada de conducir el sumario administrativo. Su función será reunir elementos, verificar los hechos denunciados y emitir un informe que permita al Consejo tomar una decisión final.

El proceso contempla la averiguación, comprobación y esclarecimiento de lo ocurrido. Hasta el momento, no se informó sobre eventuales descargos de las funcionarias ni sobre plazos concretos para la conclusión del sumario.

Alcance institucional y control del servicio

Desde el Consejo de Superintendencia señalaron que la intervención busca preservar la integridad del servicio de justicia. En particular, se apunta a garantizar que las oficinas encargadas de asistir a víctimas operen bajo estándares de responsabilidad acordes a la naturaleza de los casos que atienden.

La suspensión preventiva sin salario se presenta como una medida cautelar dentro del ámbito administrativo, aplicada mientras se desarrolla la investigación. La resolución final dependerá de los resultados del sumario y de las conclusiones de la jueza instructora.

No se detallaron eventuales sanciones posibles más allá de la suspensión preventiva. Estos datos quedan pendientes de verificación.

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