Familia Pecci urge a la Corte por acceso al expediente
La familia del fiscal asesinado Marcelo Pecci presentó un urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida contra las resoluciones que le niegan el acceso a la carpeta fiscal del caso.
El planteamiento busca revertir decisiones de instancias inferiores que rechazaron el pedido de la familia Pecci Albertini de acceder a la información de la investigación penal abierta en Paraguay, bajo el argumento de que la entrega de esos datos podría perjudicar el curso de las diligencias.
El reclamo ante la Sala Constitucional
El urgimiento fue presentado el 29 de diciembre de 2025 por el abogado Alfredo Enrique Kronawetter, en representación de Francisco y Gabriela Pecci Albertini, hermanos del fiscal asesinado. En el escrito, solicitaron que la Corte adopte medidas para resolver de forma directa la acción de inconstitucionalidad o, en su defecto, que disponga el trámite correspondiente dentro de un plazo razonable.
La acción está dirigida contra el Auto Interlocutorio N.º 72, dictado el 3 de abril de 2025 por el Tribunal de Apelación, Tercera Sala, y contra el Auto Interlocutorio N.º 709, del 30 de diciembre de 2024, emitido por el juez penal de garantías Yoan Paul López.
Ambas resoluciones rechazaron el pedido de autorización judicial para que la familia participe y acceda a la causa N.º 9088/2023, caratulada “Persona innominada sobre homicidio doloso”, vinculada a la investigación del crimen de Marcelo Pecci.
Negativas reiteradas de la Fiscalía
Según los antecedentes expuestos, el 28 de junio de 2024 los hermanos de Pecci solicitaron por escrito a la Fiscalía General del Estado acceder a la carpeta fiscal. El pedido fue rechazado al mes siguiente por el equipo fiscal conformado por Christian Ortiz, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y la fiscala adjunta Matilde Moreno.
La Fiscalía y los fiscales intervinientes mantuvieron hasta ahora la negativa, lo que —según la familia— les impide conocer el estado actual de la investigación, los avances realizados y los obstáculos que podrían estar frenando el esclarecimiento del caso.
Qué información reclama la familia
En su planteamiento, la familia Pecci solicita acceso a datos específicos que les permitan conocer el grado de avance de la investigación, especialmente en lo relativo a la autoría moral o intelectual del asesinato.
Entre las interrogantes que buscan respuesta figuran las hipótesis manejadas por el Ministerio Público, las diligencias pendientes, los motivos de su eventual demora, el tiempo estimado para consolidar una teoría del caso y un respaldo documental de lo actuado. La familia manifestó expresamente su compromiso de mantener estricta reserva sobre la información que eventualmente se les provea.
El crimen y el estado de la investigación
El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en Barú, Colombia, durante su luna de miel, en presencia de su esposa, Claudia Aguilera. La Justicia colombiana logró procesar y condenar a los autores materiales y a varios cómplices del crimen.
Entre ellos se encontraba Francisco Correa Galeano, señalado como uno de los articuladores del asesinato, quien cooperó con la Fiscalía colombiana y fue posteriormente ultimado en una cárcel de ese país en enero pasado.
De acuerdo con autoridades colombianas, la investigación en ese país se encuentra prácticamente concluida. El entonces fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, señaló en marzo de 2023 que Colombia tenía esclarecido el 100% de su parte del caso y que la investigación restante, vinculada a la motivación y autoría intelectual, corresponde a Paraguay.
Lo que debe resolver la Corte
Con el urgimiento presentado, la familia Pecci solicita que la Corte Suprema de Justicia defina si mantiene la negativa de acceso a la carpeta fiscal o si revoca las resoluciones cuestionadas y habilita el acceso solicitado.
Hasta el momento, no se informó una fecha para el tratamiento del urgimiento ni una decisión de la Sala Constitucional sobre el fondo de la acción de inconstitucionalidad.
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