Diputados frenan expedientes y prolongan indefinición municipal
A días del receso parlamentario, la Cámara de Diputados volvió a postergar el tratamiento de varios pedidos de intervención municipal, lo que extiende los plazos para intendentes señalados por presuntas irregularidades administrativas. Al menos siete casos permanecen pendientes, la mayoría sin la conformación de las comisiones especiales encargadas de estudiar cada expediente.
Expedientes sin avance y casos pendientes
Entre los casos más relevantes figura Tomás Romero Pereira, administrado por Hernán Rivas, padre del senador oficialista Hernán David Rivas. Su carpeta arrastra postergaciones desde 2024 y, pese a intentos de reactivación, volvió a quedar fuera de tratamiento en setiembre tras un acuerdo entre sectores de la ANR y el PLRA.
Las denuncias mencionan un presunto perjuicio de G. 2.000 millones en royalties y alrededor de G. 7.000 millones de recursos genuinos, además de obras licitadas que habrían sido ejecutadas con maquinarias del MOPC, sin reflejar ahorro para la comuna.
Ñemby, Yby Yaú y otras gestiones en revisión
En Ñemby, la Junta Municipal aprobó en 2024 la solicitud de intervención contra el intendente Tomás Olmedo, con denuncias que incluyen un faltante de al menos G. 700 millones y procesos penales por presunta lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos. La Cámara aún no definió la integración de la comisión especial.
En Yby Yaú, el intendente Vidal Argüello enfrenta una solicitud formal de intervención, pero también denunció a los concejales por supuesta adulteración de actas. Aunque la Contraloría no recomendó la intervención, Argüello fue igualmente denunciado penalmente por presuntas irregularidades.
En Ybyrarobaná, el intendente César Machuca sigue bajo señalamientos de malversación tras el rechazo de sus rendiciones por falta de documentación. El expediente continúa en espera.
Emboscada y Juan León Mallorquín sin definición
En Emboscada, el intendente liberal Sergio Peña es investigado por pagos realizados en 2024 por obras que no habrían sido ejecutadas. El caso permanece sin tratamiento en Diputados.
En Juan León Mallorquín, el intendente Elvio Coronel acumula observaciones de la Contraloría General de la República, que identificó al menos 24 presuntas irregularidades, entre ellas cheques al portador por montos elevados, combustibles adquiridos por más de G. 1.900 millones sin tarjetas magnéticas y obras con supuestos sobrecostos.
El caso con dictamen previo: Lima
El único expediente con avance es el del intendente de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos. La comisión especial ya emitió dictámenes tras meses de análisis. La denuncia se originó por el rechazo de la rendición de cuentas 2023, con supuestas irregularidades por más de G. 514 millones en almuerzo y merienda escolar sin respaldo documental.
Aun así, el dictamen no es vinculante y todo indica que la definición dependerá de acuerdos políticos, considerando que se trata de un jefe comunal de una alianza opositora.
Receso parlamentario y efecto en cadena
Mientras el Congreso se acerca al receso, los restantes intendentes denunciados seguirán sin una resolución inmediata. Con varios expedientes en pausa, la percepción pública se centra en la demora institucional y la falta de definiciones en la Cámara de Diputados, que vuelve a dejar los casos en suspenso.
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