Otazú impone restricciones a la jueza Bracho por presunta coima
El juez Humberto Otazú aplicó medidas alternativas a la prisión a la jueza Isabel Bracho, imputada por presuntamente recibir USD 50.000 para favorecer al procesado por narcotráfico Walter Galindo. Entre las restricciones principales figura la prohibición de salir del país.
Medidas alternativas aplicadas por el Juzgado
El juez Humberto Otazú impuso medidas alternativas a la prisión para la imputada Isabel Beatriz Bracho Pedrozo.
La decisión incluye:
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Prohibición de salir del país sin autorización judicial.
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Obligación de residir en su domicilio declarado.
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No cambiar de número telefónico.
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Comparecencias mensuales ante el Juzgado.
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Presentación de caución real o personal por G. 150 millones en un plazo de 20 días hábiles.
El incumplimiento habilitará la revocatoria de las medidas impuestas.
La defensa estuvo encabezada por la abogada Sandra Rodríguez, quien planteó objeciones preliminares, aunque el trámite de imposición se desarrolló con normalidad.
Hechos atribuidos: presunto pago de USD 50.000
La Fiscalía, a cargo del fiscal Néstor Coronel, imputa a Bracho por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La imputación sostiene que, entre el 20 y el 26 de mayo de 2021, la magistrada se habría dejado prometer USD 50.000, a través del abogado defensor Crispín Gilberto Rojas, para beneficiar a Walter José Galindo Domínguez, procesado por tráfico de drogas.
Tras recibir la suma, la imputación afirma que Bracho:
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Ordenó la intervención de una médica forense en el lugar de reclusión de Galindo.
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Fijó una audiencia de revisión de medidas para el día siguiente.
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Otorgó beneficios procesales posteriores, incluyendo arresto domiciliario y permisos especiales.
El escrito también cita el A.I. N.° 2231, mediante el cual se habría facilitado una salida procesal a favor de Galindo, como parte de la maniobra.
Otras personas procesadas por el caso Galindo
Además de Bracho, fueron imputadas:
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La ex fiscala Egidia Gómez, por presunta intervención funcional en la maniobra.
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La actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brites, por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La imputación detalla maniobras destinadas a alterar evidencia en el proceso original, entre ellas el presunto reemplazo de droga incautada por bicarbonato de sodio.
Cuestionamientos de la defensa
La defensora manifestó que la imputación se basa en escuchas a terceros y no en comunicaciones atribuidas directamente a Bracho. También señaló que la investigación fue iniciada hace años y que su presentación tardía genera perjuicio procesal.
Asimismo, recordó que la Corte Suprema de Justicia ya dispuso la suspensión de Bracho, primero con salario básico y, recientemente, sin goce de sueldo.
Próximas diligencias
El Juzgado deberá evaluar la caución ofrecida y controlar el cumplimiento de las medidas alternativas impuestas.
La Fiscalía continuará la investigación en la causa por presunta recepción de coima y favorecimiento indebido a un procesado por narcotráfico.
🔗 El Observador – Prohíben salir del país a jueza Isabel Bracho
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