JEM marca un quiebre en la trama de los pagarés
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) adoptó una resolución histórica en el caso conocido como la mafia de los pagarés. La medida recae sobre la jueza Nathalia Garcete, señalada por prácticas irregulares que afectaron a un amplio grupo de trabajadores, docentes, funcionarios públicos y personas de escasos recursos.
Providencias sin fecha y descuentos masivos
El JEM concluyó que Garcete emitió 53 providencias sin fecha. Esos documentos fueron usados como base para ejecutar descuentos automáticos de salarios en su juzgado. Las víctimas quedaron atrapadas en procesos acelerados, con imposibilidad real de ejercer defensa.
El presidente del JEM, César Garay, fue directo:
“Los fallos judiciales deben imperativamente tener lugar y fecha. La conducta negligente de la enjuiciada ocasionó un perjuicio irreparable”.
Garay sostuvo que las resoluciones irregulares dejaron fuera del sistema financiero a varias personas, sin posibilidad de enfrentar los juicios ejecutivos derivados del esquema.
Patrón de mal desempeño y maniobras procesales
El fiscal acusador Celso Ayala señaló que el expediente exhibe un patrón sostenido de mal desempeño. Las 53 providencias, utilizadas para embargos y descuentos, no cumplían requisitos básicos. El esquema operaba en detrimento directo de las víctimas.
El JEM también revisó notificaciones sin fecha, enviadas en lapsos imposibles —incluso dentro de ciudades distintas— lo que reveló la dimensión de las anomalías.
En paralelo, se recordaron resoluciones sin fecha en 27 expedientes de acciones preparatorias, que derivaron en juicios ejecutivos plagados de vicios.
Criterios unificados y responsabilidad institucional
Los miembros del JEM coincidieron en que Garcete incurrió en “conducta indolente, desidiosa y negligente”. Garay insistió en que es inadmisible tolerar desconocimiento de normas en la magistratura.
El senador Mario Varela resaltó que la seguridad jurídica es un pilar fundamental:
“El Estado de derecho debe someterse a las normas legales”.
La decisión fue unánime. Para el JEM, existió una alta culpabilidad por el “anómalo obrar” y por el impacto económico y social que sufrieron decenas de víctimas.
Situación penal de la magistrada
Además de la resolución administrativa, Garcete enfrenta un proceso penal ya elevado a juicio oral. Allí responderá por prevaricato y otros hechos vinculados a la red de estafas y cobros compulsivos montada en torno a los pagarés.
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