Pedido histórico de juicio político sacude al Poder Judicial
Integrantes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de Pagarés presentaron un pedido de juicio político contra los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los acusan de mal desempeño en sus funciones y de haber permitido que el esquema fraudulento continúe operando.
Según explicaron, la decisión se tomó por la falta de respuestas concretas del máximo tribunal. Afirman que la información difundida por la Corte Suprema, sobre el levantamiento de embargos en más de 23.000 expedientes, sería inexacta.
El documento, de 120 páginas, detalla las supuestas omisiones del pleno y reúne pruebas y argumentos jurídicos que, según las víctimas, justifican el enjuiciamiento político.
Seis causales principales y denuncias graves
El pedido menciona seis causales de juicio político. Entre ellas:
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Falta de aplicación de la Constitución Nacional.
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Interpretación restrictiva de sus principios.
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Indiferencia ante las propuestas de la Coordinadora.
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Falta de protección de los derechos humanos.
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Incumplimiento de tratados internacionales.
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Desconocimiento de la realidad sociocultural paraguaya.
Los denunciantes aseguran que los ministros de la Corte cometieron hechos que podrían configurar delitos como prevaricato, violación de derechos humanos y omisión de deberes funcionales.
Además, el texto cita posibles delitos comunes, como la interpretación tendenciosa de causas y el cajoneamiento de expedientes, e incluso alude a un vínculo familiar del presidente de la CSJ con la empresa CARSA.
Reuniones con diputados y reclamos por las deudas
El grupo de víctimas se reunió con varias bancadas de la Cámara de Diputados para exponer el alcance del perjuicio. Aseguran que el esquema afectó a más de 17.000 personas en todo el país, mediante juicios fraudulentos iniciados en los juzgados de Paz.
“Los ministros parecen estar presionados o condicionados”, sostuvo Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora. Agregó: “El trato es amable, pero eso no levanta los embargos que nos siguen ahogando”.
Según explicó, muchas víctimas enfrentan deudas inexistentes o ya saldadas, pero continúan siendo perseguidas judicialmente.
Sin apoyo oficialista para el enjuiciamiento
Desde el sector oficialista, varios diputados adelantaron que no acompañarán el pedido de juicio político. Alegan que una acusación colectiva contra los nueve ministros podría afectar la institucionalidad del Poder Judicial y generar inestabilidad en la Corte Suprema de Justicia.
El pedido será analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, que deberá definir si reúne las condiciones para su tratamiento.
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