Justicia deja firme condena por cobros ilegales en tránsito
La Cámara de Apelación Penal en Delitos Económicos confirmó la condena de Mabel Corvalán Achucarro y Nilsa Evelin Morel Giménez por cohecho pasivo agravado. Ambas participaron en la expedición irregular de registros de conducir en la Municipalidad de San Lorenzo.
Cámara ratifica las condenas y cierra el caso
El Tribunal de Apelación, Segunda Sala, resolvió mantener firmes las sentencias contra las dos funcionarias implicadas en la emisión fraudulenta de licencias de conducir.
Mabel Corvalán Achucarro, de la Dirección de Tránsito, recibió dos años de prisión, mientras que la agente policial Nilsa Evelin Morel Giménez fue condenada a un año y ocho meses. Ambas penas se dictaron con suspensión de la ejecución.
Las defensas apelaron el fallo, pero el camarista Arnulfo Arias rechazó los argumentos. Explicó que no hubo errores procesales ni aplicación incorrecta de la ley. “El Tribunal acreditó suficientemente la existencia del hecho y no se advierten vicios que justifiquen anular la sentencia”, sostuvo en su voto, acompañado por los demás magistrados.
Fallo sin vicios y pruebas concluyentes
La Cámara confirmó que el tribunal de primera instancia cumplió con todos los requisitos del Código Procesal Penal.
Arias recordó que el artículo 400 del C.P.P. faculta al Tribunal de Sentencia a modificar la calificación jurídica si advierte al acusado, como ocurrió en este proceso. Ninguna de las partes objetó la decisión durante el juicio, por lo que los jueces consideraron el fallo plenamente válido.
“El tribunal actuó conforme a derecho y con pruebas suficientes. Los cuestionamientos de las defensas carecen de sustento”, concluyó Arias.
Esquema de cobros y corrupción interna
El juicio oral demostró que las acusadas participaron en un esquema interno para emitir de forma irregular certificados de vida y residencia, requisito esencial para tramitar licencias de conducir.
Los documentos se entregaban a cambio de Gs. 25.000 a Gs. 30.000 por trámite. La maniobra fue detectada tras una denuncia del intendente de San Lorenzo, quien alertó sobre cobros indebidos en la Dirección de Tránsito.
Con esta decisión, la Cámara deja firme la condena y marca un precedente sobre la responsabilidad penal en casos de corrupción municipal.
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