Ordenan captura de exintendente acusado de desviar millones municipales
El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Ana Rodríguez e integrado por Karina Cáceres y Yolanda Morel, declaró en rebeldía al exintendente Hernán Adolar Schlender y ordenó su captura inmediata, tras ausentarse del inicio del juicio oral.
El proceso se desarrolla en la causa por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos, impulsada por el fiscal Federico Leguizamón.
El colegiado dispuso, además, iniciar el juzgamiento para el coprocesado Zenón Cáceres Duarte, excontador de la Municipalidad de Jesús de Tavarangüé, acusado por producción de documentos no auténticos.
Acusación: falsificación de facturas y rendiciones
Según la acusación del Ministerio Público, entre 2016 y 2019 Schlender y Cáceres Duarte habrían actuado en connivencia para falsificar facturas y recibos de dinero utilizados en las rendiciones de cuentas municipales presentadas ante la Contraloría General de la República.
Los documentos atribuidos a varias empresas simulaban obras y servicios que, según las propias firmas, nunca fueron ejecutados ni cobrados.
El perjuicio patrimonial estimado para el municipio asciende a G. 7.418 millones, de acuerdo con la investigación fiscal.
Juicio avanza sin el exintendente
Ante la ausencia injustificada del imputado Schlender, el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 91 del Código Procesal Penal, que permite continuar el proceso contra los coprocesados presentes.
Por tanto, el juicio proseguirá únicamente contra Zenón Cáceres Duarte, quien estuvo en sala junto con su defensa.
El fiscal Federico Leguizamón solicitó la notificación a la Policía Nacional para la ejecución de la orden de captura nacional y la incorporación de Schlender al Registro de Rebeldes del Poder Judicial.
Próximas etapas del proceso
El tribunal fijó nuevas audiencias para continuar el desarrollo del debate y recibir las pruebas documentales del Ministerio Público.
De ser hallado culpable, el exintendente podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión, atendiendo a la gravedad del daño causado al erario municipal.
El caso se enmarca en una serie de procesos por gestión irregular de fondos públicos en municipios del sur del país, auditados por la Contraloría entre 2016 y 2019.
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Y sería bueno actuar con todos de la misma forma que se actúa con este intendente y, no hacer un proceso Selectivo porque no es del grupo de poder. Con todo la justicia debe ser igual a lo que administran bienes públicos. Así habrá más inversión en Salud, en educación y en infraestructura. Como dice Nayi Bukele, sobra dinero si no se mal usa.