Chats revelan cómo sobrina de “Lalo” Gomes operaba dentro del sistema judicial
Helga Lizany Solís Gomes, sobrina del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, continúa como funcionaria permanente de la Cámara de Diputados, con un salario mensual de G. 6.525.365, pese a los informes que la vinculan con maniobras judiciales a favor del clan familiar. Su nombre figura en conversaciones obtenidas del sistema de mensajería SKY ECC, que revelan una presunta red de interferencia en causas penales.
Vínculos y permanencia en la función pública
Solís Gomes ingresó a la Cámara Baja en 2021 como comisionada del Ministerio Público, por gestión del entonces diputado y actual gobernador de Amambay, Juan Silvino “Juancho” Acosta. Desde noviembre de 2024 fue nombrada en carácter permanente durante la presidencia de Raúl Latorre, y hoy está asignada a la oficina del diputado Arturo Urbieta.
Antes de ese nombramiento, se desempeñó como asistente del legislador José Rodríguez, también integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Mensajes que comprometen al entorno
El informe de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos detalla que Lizany Solís habría usado sus contactos dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para gestionar beneficios a favor del clan Gomes.
En uno de los mensajes dirigidos a su tío en diciembre de 2023, escribió: “El (h)ampa de la frontera es distinto, somos todos amigos”, dos días después del fallido operativo conjunto con Brasil que buscaba detener al presunto narco Ronaldo Mendes Nunes.
Manipulación de causas y filtraciones
El documento policial menciona que Solís Gomes intervino en la causa de Kadu Cezar Machado en 2019, instruyendo a un comisario para modificar un informe y favorecerlo judicialmente. También habría pactado el contenido del acta procesal con el juez Juan Martín Areco Torraca.
Además, habría gestionado contactos con los jueces Modesto Cano, Fretes y Sandra Fariña del Tribunal de Apelaciones, para influir en la liberación de Jhony Ariel Giménez Amarilla, acusado por tráfico de drogas.
El informe también detalla una supuesta coordinación con el fiscal Lorenzo Lezcano para ralentizar investigaciones que comprometían directamente a Eulalio y Alexandre Gomes, este último actualmente procesado por narcotráfico.
Silencio institucional y dudas políticas
Pese a las revelaciones, hasta el momento no se reportaron medidas administrativas o sumarios dentro de la Cámara de Diputados. El caso vuelve a exponer las conexiones entre funcionarios públicos y estructuras criminales en la frontera norte del país.
Las conversaciones analizadas por la Policía sugieren una infiltración sistemática en el sistema judicial, con el objetivo de manipular expedientes y garantizar impunidad a los miembros del clan Gomes.
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