Sector colorado rechaza investigar vínculo partidario de fiscal que cantó la polca de la ANR
El Senado debatió este martes la posibilidad de ampliar el pedido de investigación contra el fiscal Juan Benítez Miranda, responsable de liberar a un hombre que luego fue acusado por el feminicidio de Antonia Salinas Espinoza. La discusión giró en torno a si el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debía indagarlo también por participar en un acto político-partidario, tras viralizarse un video en el que cantaba la Polca Colorada junto a la intendenta de Santa Rosa del Aguaray, Silvia Trubger.
La mayoría colorada bloqueó el pedido
Fue el senador Javier Zacarías Irún quien solicitó rechazar la propuesta de incluir en la resolución el vínculo del fiscal con el Partido Colorado, alegando que “no era un tema importante”.
Finalmente, se mantuvo solamente el pedido de investigación por su actuación en el caso judicial, mientras que se descartó evaluar su comportamiento en el acto político.
Críticas de la oposición
La senadora Esperanza Martínez advirtió que el caso refleja un patrón de impunidad:
“Este fiscal es el retrato de lo que se construye en Paraguay con la impunidad, el que se cree poderoso y utiliza la Fiscalía de manera arbitraria”.
Agregó que la falta de sanción al vínculo partidario del agente confirma la protección política de la que gozan operadores de justicia.
A su vez, Yolanda Paredes pidió que el Partido Colorado “le suelte la mano” al fiscal, mientras que Rafael Filizzola sostuvo que se trata de un tema grave:
“Este tipo de conductas ocurren porque hay amparo político y es muy grave que un operador de Justicia participe de actividades partidarias”.
El senador Ignacio Iramain fue más allá y exigió que el partido expulse a Benítez de sus filas.
Justicia y poder político
El debate reavivó las críticas sobre la partidización del sistema judicial, un fenómeno ya evidenciado en investigaciones periodísticas que revelaron la alta afiliación partidaria de funcionarios del Ministerio Público. Para la oposición, el rechazo de la mayoría colorada confirma el interés de mantener bajo control político a fiscales y jueces.
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