Titular de Conatel evita primera reunión de comisión del Senado contra telefónicas
El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Duarte Duré, no acudió hoy a la primera reunión de la comisión especial transitoria del Senado.
Este grupo fue creado para investigar presuntos abusos de empresas de telefonía, cable y transferencias vía móviles.
La llamada comisión “garrote” surgió poco después de que terminara otra del mismo tipo. Aquella había tenido como objetivo investigar al Grupo ABC y a ONG críticas con la clase política.
Críticas y medidas anunciadas
Pese a la ausencia del titular, el presidente de la comisión, senador Dionisio Amarilla, recibió a jefes y directores de Conatel.
Ellos respondieron sobre denuncias, quejas y multas.
Sin embargo, Amarilla quedó disconforme con las cifras. Por eso, adelantó que la web del Senado recibirá denuncias ciudadanas. Además, las 263 intendencias del país también deberán recepcionarlas y remitirlas.
El legislador anunció que exigirá a Conatel la revisión de los contratos de adhesión, ya que —según dijo— permiten abusos. También adelantó que volverán a convocar a Duarte Duré y a Federico Osorio, de la Asociación de Cableoperadores del Interior.
Participación y representación
En la reunión participaron los senadores Lilian Samaniego (ANR), Esperanza Martínez (Frente Guasu) y José Oviedo (Yo Creo).
De forma remota lo hicieron Lizarella Valiente (ANR, HC) y Patrick Kemper (ANR).
Los demás miembros no intervinieron en el debate.
Datos de operadoras y denuncias
El gerente de Servicios de Conatel, Alejandro Godoy, informó que en el país operan 290 proveedores de internet.
Los principales son Claro, Vox, Tigo, Personal y Copaco S.A..
Aclaró que las transferencias de dinero están reguladas por el Banco Central del Paraguay y no por Conatel.
Por su parte, la jefa de Quejas y Reclamos, Tatiana Duarte, señaló que reciben entre 200 y 300 denuncias al año.
La mayoría se resuelve en 20 días, con anulaciones de facturas y reintegros. Solo unas 45 pasan a segunda instancia.
Otros funcionarios recordaron que en los últimos cinco años solo se aplicó una multa: G. 22 millones a Tigo. También afirmaron que la ciudadanía sigue siendo “tímida” para denunciar.
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