Proyecto de ley propone incluir a personas con discapacidad severa en pensión universal
El diputado Roberto González presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 7322/2024, que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de incluir a personas con discapacidad severa, sin importar su edad. La propuesta busca atender a un sector vulnerable históricamente excluido de beneficios sociales.
El texto modifica seis artículos de la normativa vigente para incorporar a las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis). Se prevé un pago mensual equivalente al 25% del salario mínimo. El financiamiento estaría a cargo del Estado, mediante un fondo específico incluido en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fundamentos legales y sociales de la iniciativa
La propuesta toma como base la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que garantiza el acceso a la protección social. También se fundamenta en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y el principio de vida digna.
González explicó que muchas familias con integrantes en situación de discapacidad severa cargan con gastos elevados, sin apoyo sostenido del Estado. Por ello, la iniciativa excluye del beneficio a quienes ya perciben salarios públicos o privados, tributan el Impuesto a la Renta o poseen activos como más de 30 cabezas de ganado.
Dos proyectos, un objetivo común
En paralelo, otro grupo de legisladores presentó un proyecto similar para incluir a personas con discapacidad severa dentro del sistema de pensión, aunque con ciertas diferencias. Esta segunda iniciativa propone como requisito una edad mínima de 60 años y una discapacidad igual o superior al 50%, validada por la Senadis.
Ambas propuestas comparten el objetivo de expandir la cobertura social, pero difieren en los criterios de admisión. El debate parlamentario deberá definir cuál de las iniciativas prosperará y cómo se materializará la inclusión de esta población en la política de pensiones del país.
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