La jueza Lici Sánchez eleva a juicio oral el caso Dakovo, que involucra a altos mandos militares y civiles en una organización criminal transnacional
La jueza penal de garantías especializada en crimen organizado, Lici Teresita Sánchez, ha dispuesto la apertura de juicio oral y público para los acusados en la causa conocida como Dakovo, relacionada con una red de tráfico internacional de armas. Los imputados son:
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Paulo César Fines Ventura, acusado de tráfico ilícito de armas, asociación criminal, alteración de datos relevantes para la prueba y denuncia falsa.
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Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, imputado por tráfico ilícito de armas y asociación criminal.
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Victorino Gómez Paredes, acusado de tráfico ilícito de armas y asociación criminal.
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General (SR) Jorge Antonio Orué Roa, procesado por tráfico de influencias.
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Coronel Bienvenido Santiago Fretes González, imputado por cohecho pasivo agravado y asociación criminal.
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General (SR) Arturo Javier González Ocampo, procesado por tráfico de influencias y asociación criminal.
Cabe destacar que la acción penal contra Victorino Gómez Paredes fue extinguida debido a su fallecimiento en febrero de 2025.
Desmantelamiento de una red transnacional
La operación Dakovo fue una acción conjunta entre las autoridades de Paraguay, Brasil y Estados Unidos, con el objetivo de desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de armas desde Europa hacia Paraguay, y posteriormente a facciones criminales brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
La investigación reveló que la empresa International Auto Supply SA (IAS), propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, era utilizada como fachada para la importación legal de armas, que luego eran desviadas al mercado ilegal. Los acusados habrían facilitado estos movimientos mediante la alteración de registros y la utilización de influencias dentro de instituciones como la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
Modus operandi y participación militar
Según la Fiscalía, el esquema delictivo consistía en la importación legal de armas, que luego eran adquiridas por personas y empresas que simulaban ser propietarias, actuando como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas.
Los militares implicados habrían utilizado su influencia para facilitar trámites y nombramientos dentro de la Dimabel, a cambio de beneficios económicos y regalos. Por ejemplo, el General Arturo Javier González Ocampo habría intervenido en la designación de funcionarios afines a la organización criminal, mientras que el General Jorge Antonio Orué Roa habría facilitado procesos administrativos para la empresa IAS.
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