Denuncia por obras impagas y presunto lavado de dinero
La arquitecta María José Bareiro, representante de la empresa constructora Rehobot, presentó una denuncia penal contra el exdiputado Orlando Arévalo, su esposa, la concejala de Lambaré Carolina González, y la fiscala Sandra Ledesma. La acusación incluye delitos como estafa, lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes.
Bareiro sostiene que la pareja contrató a su empresa para realizar remodelaciones en su vivienda en Lambaré desde marzo de 2022, con un presupuesto que alcanzó los G. 1.366 millones. Sin embargo, parte de este monto no habría sido saldado. En enero de 2024, Rehobot envió un telegrama colacionado al matrimonio, exigiendo el pago de la deuda. En respuesta, en febrero, Arévalo y González denunciaron a Bareiro por estafa y actividades peligrosas en la construcción.
Chats comprometedores y presunto origen ilícito de fondos
La denuncia de Bareiro se fortaleció tras la filtración de chats del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gómez, en los que se menciona a Arévalo recibiendo pagos por influir en investigaciones cuando era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Según Bareiro, parte del dinero utilizado para las remodelaciones provendría de sobornos y coimas relacionados con estas influencias.
Ampliación de la denuncia incluye a la hija del matrimonio
En febrero de 2025, Bareiro amplió la denuncia, involucrando a Gloria Arévalo González, hija del matrimonio, por presunto lavado de dinero. Se solicitó a la Fiscalía investigar sus declaraciones impositivas y movimientos bancarios, ante sospechas de que habría participado en un esquema de lavado de dinero vinculado a la remodelación de la casa de su padre.
Institutos de Formación Docente bajo sospecha
Además, se reveló que tres Institutos de Formación Docente (IFD) vinculados a la familia Arévalo están siendo investigados por irregularidades en exámenes de ingreso. El IFD Santa Teresita y el IFD Nuestra Señora Stella Marys, asociados a Carolina González, y el IFD Virgen de Schoenstatt, dirigido por Gloria Arévalo González, figuran entre las instituciones afectadas. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) detectó patrones de respuestas coordinadas en las evaluaciones, lo que llevó a repetir los exámenes y remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Investigación en curso y posibles implicaciones legales
La causa está a cargo de la fiscala Yrides Ávila, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para formular imputaciones. La investigación continúa, y se espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
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